Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La posible salida de 300 detenidos considerados presos políticos por organizaciones civiles volvió a colocar a Venezuela bajo observación pública. El anuncio combina una nueva ronda de excarcelaciones con reclamos por muertes bajo custodia y falta de información a familias.
En Caracas, el 19 de mayo de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que 300 personas serían liberadas entre el lunes 18 y el viernes 22. El dirigente no presentó a todos los beneficiarios como presos políticos.
Rodríguez vinculó la medida con beneficios judiciales y la ley de amnistía aprobada en febrero. El funcionario mencionó menores de edad, mayores de 70 años y personas con patologías entre los posibles beneficiarios.
Entre los primeros casos mencionados aparecieron una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, de 71 años. Rodríguez también citó exfuncionarios policiales procesados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.
Foro Penal informó que verificó nuevas excarcelaciones desde el 18 de mayo, aunque sus cifras difieren de los registros oficiales. La organización documentó menos liberaciones asociadas directamente con la amnistía y mantiene un conteo propio de detenidos políticos.
Entre los casos de mayor visibilidad figuran Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas. Los tres estuvieron presos 23 años por hechos vinculados al 11 de abril de 2002. Salieron bajo medidas humanitarias, después de permanecer como los presos políticos más antiguos del país.
Las liberaciones no cierran los reclamos de familiares y defensores, porque varios expedientes siguen sin información pública completa. Organizaciones civiles también cuestionan la aplicación selectiva de la amnistía y piden listas oficiales de las personas beneficiadas.
Carmen Teresa Navas murió días después de enterrar a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia se conoció en mayo. Quero estaba detenido desde el 3 de enero de 2025 y murió el 24 de julio de ese año.
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Autoridades venezolanas confirmaron el fallecimiento el 7 de mayo de 2026, casi nueve meses después de ocurrido. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas pidió una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
La familia de Quero había solicitado información sobre su paradero durante meses, de acuerdo con reportes de Naciones Unidas. El organismo señaló que existía una campaña pública para ubicarlo, pese a versiones oficiales sobre ausencia de familiares identificados.
El caso coincidió con el anuncio de excarcelaciones y renovó reclamos sobre información, custodia estatal y trato a detenidos. Estados Unidos también incorporó el asunto a su agenda, con declaraciones sobre la liberación de personas detenidas por motivos políticos.
Para las 300 liberaciones, la fecha límite quedó fijada el 22 de mayo tras el anuncio ante la Asamblea Nacional. Foro Penal y otros defensores continuaron actualizando listas, mientras familiares esperan confirmar nombres, condiciones judiciales y próximos pasos.