Foto: Sergio Cara (NotiPress)
A nivel urbano, los mayores riesgos relacionados al bienestar y el desarrollo económico son la falta de agua, mala movilización y baja calidad de la vivienda. En muchos países la política de gasto público no está alineada con la mejora de las condiciones urbanas, aumentando la demanda de energía y el incremento de la desigualdad, contaminación y congestión.
México tiene la tercera tasa más alta de expansión urbana de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello diversos expertos exploran crear políticas públicas para la transformación urbana a un modelo más sostenible con el fin de enfrentar los principales retos económicos, ambientales y sociales.
Los patrones de urbanización de las ciudades mexicanas son ineficientes desde muchas perspectivas y representan costos excesivos para el gobierno, asegura Gorka Zubicaray Díaz, miembro del Instituto de Recursos Mundiales México. Por su mala planificación, en México se generan grandes brechas de desigualdad, sobre todo en vivienda y movilidad.
Sobre lo primero, los patrones de vivienda han sido dirigidos por políticas basadas en mecanismos de financiación públicos que no controlan las condiciones del mercado, la ubicación de la vivienda y la conexión a servicios. Esta situación provoca una expansión sin control y un crecimiento disperso. Esta política de vivienda aumentó la brecha de acceso a oportunidades y las personas de escasos recursos fueron las más afectadas. En primer lugar porque fomentó la construcción de viviendas en zonas sin servicios, y en segundo, porque gran parte de la población ocupada en el sector informal no tuvo acceso a la oferta crediticia de viviendas.
Ante esta situación, la política de vivienda federal puede adoptar dos enfoques, afirma Jorge Macías, director de Desarrollo Urbano del Instituto de Recursos Mundiales. El primero consistiría en incrementar la oferta de vivienda para la población de menores ingresos en las zonas urbanas. El segundo modelo propondría dar vivienda a un menor precio, siempre y cuando este se inserte en un proceso de planeación urbana con todos los servicios. Con esto sería necesario aportar mayores subsidios a los gobiernos locales.
Por otra parte, relacionado a la movilidad, el crecimiento de las zonas urbanas en México incrementó la tasa de motorización al doble. Asimismo, continúa en aumento con un 4 por ciento anualmente, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, las cifras también revelan, sólo un 28 por ciento de la población mexicana se desplaza en automóvil al trabajo. El origen de la problemática es la política de movilidad federal que ha privilegiado la inversión en infraestructura destinada al automóvil. Como consecuencia, esta política limita el acceso a las familias de menores ingresos localizadas en las zonas periféricas de las ciudades.
Lisa Gluckstein, investigadora del Instituto de Administración Urbana de la Universidad de Nueva York, señala, para solucionar este problema la administración federal debe modificar su esquema de financiamiento basado en el automóvil privado. En este sentido, debe transitar hacia un modelo de movilidad urbana que refleje los modos de desplazamiento reales de la población. Esto debe tener como objetivo una planeación y gestión de la movilidad basada en controlar la expansión y frenar la desigualdad.
Si se mantienen los patrones de urbanización actuales, el escenario futuro posible es el del incremento del riesgo y el desarrollo deficiente. La creciente desigualdad al interior de las ciudades mexicanas requiere de medidas urgentes, con visión a largo plazo, para reconfigurar y corregir los problemas espaciales que afectan a la ciudadanía. Con esto en mente, la adopción de políticas públicas para la transformación urbana a un modelo más sostenible, no sólo mejoraría la inclusión social, sino que incrementaría los beneficios económicos y ambientales en todo el país.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
