Abrir un negocio cuesta más a inmigrantes por licencias, permisos e impuestos

Los requisitos regulatorios aplicados a pequeñas empresas elevan los costos de entrada al mercado y afectan con mayor intensidad a emprendedores inmigrantes en el mercado de Estados Unidos. Licencias profesionales, permisos locales, códigos tributarios y honorarios legales pueden retrasar durante meses la apertura de comercios, servicios independientes o negocios ambulantes, refirió un artículo de Angelo Monaco publicado en el Instituto Mises.

Entre los sectores más expuestos aparecen las tiendas de barrio, empresas de jardinería, panaderías, servicios de transporte y camiones de comida. Estas actividades suelen requerir poco capital inicial, aunque enfrentan costos fijos de cumplimiento difíciles de absorber por emprendedores sin acceso amplio a financiamiento, asesoría jurídica o conocimientos especializados del sistema administrativo.

Según el planteamiento expuesto, las grandes corporaciones cuentan con estructuras capaces de atender obligaciones fiscales, laborales y legales sin comprometer su operación. Las microempresas, en cambio, distribuyen esos gastos entre menores ingresos y plantillas reducidas. Esa diferencia puede frenar nuevos proyectos, mantener trabajadores dentro de empleos informales o llevarlos a abandonar sus planes comerciales.

Datos atribuidos a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) señalan que las pequeñas empresas generaron cerca de dos tercios de los nuevos empleos netos privados durante las tres décadas recientes. Las cifras correspondientes al periodo comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2024 elevaron esa proporción a nueve de cada diez nuevos puestos netos, en un contexto marcado por un crecimiento histórico de solicitudes empresariales.

También se sostiene que una reducción de barreras administrativas puede favorecer la apertura de negocios, ampliar la competencia y estimular la contratación local. La simplificación de permisos, la revisión de licencias profesionales y un cumplimiento tributario menos complejo aparecen entre las medidas planteadas para facilitar el ingreso de nuevos participantes al mercado.

En materia migratoria, hay un vínculo entre la formalización de microempresas con una mayor aportación fiscal. Al reducir los costos iniciales, más emprendedores podrían registrar sus actividades, declarar ingresos, contratar personal y contribuir a los ingresos estatales y municipales. El argumento cita análisis del Instituto Cato sobre la contribución fiscal de inmigrantes integrados al empleo formal y legal.

Ciudades santuarios

Esa discusión adquiere relevancia en ciudades con políticas de protección a inmigrantes, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco. El planteamiento cuestiona la coexistencia de medidas migratorias flexibles con regulaciones laborales, salariales, profesionales y urbanísticas consideradas restrictivas. No obstante, varias de esas normas son defendidas por autoridades locales como instrumentos de protección laboral, seguridad pública y ordenamiento urbano.

Reducir las cargas regulatorias aparece así como una propuesta orientada a ampliar el acceso al emprendimiento, especialmente entre comunidades con capital limitado. El debate enfrenta dos objetivos públicos: proteger a trabajadores y consumidores mediante reglas obligatorias, o disminuir costos administrativos capaces de excluir a pequeños negocios. La información presentada sostiene que una política migratoria amplia tendría efectos limitados sin reformas paralelas dirigidas al mercado laboral, los permisos comerciales y la creación de empresas.