Foto: Alexa Vargas (NotiPress)
Un grupo de clínicas y laboratorios del sur de California llegó a un acuerdo para pagar 10 millones de dólares y resolver acusaciones relacionadas con reclamaciones falsas a Medicare y Medi-Cal. Los involucrados son el Dr. Mohammad Rasekhi, Sheila Busheri, Southern California Medical Center (SCMC) y Universal Diagnostic Laboratories (UDL). Según el Departamento de Justicia, los acusados incurrieron en violaciones a la Ley Anti-Sobornos (AKS) y la Ley Stark mediante sobornos y auto-referencias.
Las autoridades alegaron que los acusados presentaron o facilitaron reclamos falsos mediante tres prácticas ilegales principales: pagos a intermediarios para remitir a beneficiarios a SCMC, sobornos a clínicas en forma de alquileres por encima del mercado o servicios gratuitos, y derivaciones de pacientes entre SCMC y UDL, lo cual violaba las restricciones financieras de la Ley Stark. Ambas leyes tienen como objetivo garantizar que las decisiones médicas estén basadas en las necesidades del paciente y no en intereses económicos.
El Fiscal General Adjunto Principal, Brian M. Boynton, declaró: "Los esquemas de sobornos y de auto-referencias corren el riesgo de perjudicar el criterio de los proveedores de atención médica y disminuir la confiabilidad de la atención que brindan". Asimismo, el fiscal federal Martin Estrada enfatizó: "Esta importante resolución demuestra nuestro firme compromiso de garantizar la integridad de los programas de atención sanitaria financiados por el gobierno federal".
Parte del monto del acuerdo, aproximadamente 4 millones de dólares, será destinado al estado de California, el cual cofinancia el programa Medi-Cal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) indicó que este tipo de acuerdos sirve como advertencia a quienes intentan aprovecharse de los programas financiados por los contribuyentes. Además, este tipo de prácticas no solo afecta la integridad financiera de los programas, también pone en riesgo la calidad de la atención recibida por los pacientes.
El caso también incluye reclamaciones presentadas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas por ex empleados y gerentes de SCMC y UDL mediante las disposiciones qui tam. Estas permiten a individuos presentar denuncias en nombre del gobierno y recibir una parte del monto recuperado. Este acuerdo adicional, separado del principal, alcanzó los 5 millones de dólares y resolvió acusaciones adicionales que no fueron respaldadas por el estado de California ni el gobierno federal.
Bryan D. Denny, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, concluyó: "Este caso subraya el compromiso del DCIS de trabajar con sus socios para exigir responsabilidades a quienes defraudan a TRICARE, en particular en los casos en que las presuntas actividades ilícitas ponen en peligro la atención al paciente".
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