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La integración de la mujer en espacios que comúnmente se creían como masculinos avanza cada vez más con el esfuerzo de colectivos y mujeres que trabajan por garantizar la igualdad en derechos y obligaciones, sin embargo Latinoamérica y México en especial aún necesita mucho para disminuir la brecha de género laboral.
Muchos son los estudios que demuestran el retroceso en materia de derechos laborales a la mujeres: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) casi el 40% de la población económicamente activa son mujeres.
A pesar de su participación, 13.3 millones de mujeres del total no reciben acceso a ninguna institución de salud; en otro estudio de 37.5 millones de trabajadores remunerados, 6.1 millones de mujeres no tienen acceso a instituciones de salud y 4.8 no tienen prestaciones laborales.
De acuerdo con el Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, también hay diferencias en el ingreso promedio mensual: un hombre gana 5,825 pesos mientras que una mujer 5,029, una diferencia del 16%; con estas cifras México es de los países con los peores índices en Latinoamérica.
Si las mujeres tuviesen una participación laboral idéntica a la de los hombres, el Producto Interno Bruto (PIB) en Latinoamérica crecería de 4 a 14% y el PIB anual global aumentaría en 28 billones de dólares en 2025, un crecimiento del 26% para la economía mundial, al menos según al reporte de "Evolución y perspectivas de la participación laboral femenina en América Latina".
Otro de los aspectos a destacar del reporte es la posibilidad de aumentar la participación de mujeres gracias a la digitalización y creación de nuevos modelos de negocio basados en las plataformas digitales, no obstante con los riesgos que implican por generar peores condiciones laborales para ellas.
Por supuesto, esto no es únicamente un tema que concierne al sector económico pues se trata de un problema transversal a muchos otros aspectos. El Índice de Instituciones Sociales y Género 2019 (SIGI) reporta la falta de leyes y políticas las cuales faciliten el acceso a las mujeres a espacios donde los hombres siempre han estado.
El acceso a la propiedad de la tierra, limitar su participación política, a servicios de salud, prestaciones y ser la población de la que el 77% de trabajo no remunerado y doméstico; entre muchas otras desigualdades y discriminación de derechos. Sí, hay avances pero aún falta mucho por hacer.
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