Foto: Alan Cortés (NotiPress/Composición)
El endurecimiento de los criterios de fiscalización en México ha incrementado la demanda de servicios para cumplir con la llamada materialidad en tiempo real. Sin embargo, esta urgencia ha provocado que múltiples empresas contraten asesoría fiscal sin la debida especialización, lo que podría generar consecuencias legales graves.
Durante una entrevista con NotiPress realizada el 6 de febrero de 2026, el abogado fiscalista Adrián Santamaría, cofundador de Kupfer Tax Services, advirtió sobre el crecimiento de despachos sin experiencia tributaria que ofrecen documentación genérica para acreditar operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta práctica representa un riesgo directo para las empresas, que pueden enfrentar acusaciones por falsedad de documentos si la documentación no corresponde a la realidad operativa.
"La fiscalización mexicana es de primer mundo, muy estricta, muy completa. Lo delicado es que muchos creen que basta con un contrato de dos hojas o unas fotos para cumplir con la materialidad", compartió a la agencia de noticias el especialista con más de 25 años de trayectoria en litigio fiscal.
Una de las principales exigencias de la reforma fiscal vigente es la entrega de pruebas documentales que demuestren la existencia real de las operaciones reportadas. A diferencia de periodos anteriores, donde los contribuyentes contaban con hasta 30 días para responder requerimientos, actualmente el plazo se ha reducido a cinco días hábiles. Esta modificación ha puesto en tensión a empresas que no tienen sus procesos debidamente documentados.
En suma, el problema se agrava cuando quienes ofrecen servicios de cumplimiento recurren a plantillas estandarizadas o documentación insuficiente. Santamaría alertó que, lejos de proteger al empresario, este tipo de soluciones pueden provocar sanciones adicionales. "Muchos presumen estar cumplidos y no lo están (...). Pueden acusarlos de falsedad de documentos", afirmó durante la conversación.
Además de las consecuencias jurídicas, las auditorías mal atendidas comprometen la reputación corporativa. En ese sentido, el especialista recomendó a los empresarios contar con abogados fiscalistas y no limitarse únicamente a contadores o asesores generales. Según Santamaría, el contexto actual exige conocimientos jurídicos específicos y una comprensión profunda de los criterios del SAT.
Igualmente, el marco regulatorio actual ha transformado la relación entre las empresas y la autoridad fiscal. Aunque antes existía un margen de flexibilidad administrativa, hoy predomina un sistema más automatizado y menos permisivo. Esta evolución también ha generado un entorno donde prácticas comunes en el pasado —como contratos verbales o relaciones comerciales sin soporte documental— ya no resultan viables.
Al cierre de la entrevista, Santamaría destacó la necesidad de fortalecer los procesos internos de las empresas y documentarlos adecuadamente. Instó a los empresarios a evitar atajos y a priorizar la legalidad como base para enfrentar los retos fiscales del presente.
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