Foto: Pixabay
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), en 2020 los costos monetarios en cumplimiento de regulaciones cerraron en 238 mil millones de pesos (mmp). Esto representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB), así como 92.7 mmp sobre la cifra registrada en 2016 cuando se implementó oficialmente dicha encuesta. ENCRIGE 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó resultados favorables con respecto al año de su lanzamiento, indicaron expertos del sector privado. Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) comentó para NotiPress, esta situación se debe tomar con cautela ante la pandemia por Covid-19, que supone condiciones económicas inusuales.
El porcentaje de empresas que reportaron actos de corrupción entre servidores públicos bajó de 82.2% a 71.5% entre 2016 y 2020. Los costos promedio relacionados con corrupción por empresa cerraron en 7 mil 419 pesos, frente a 14 mil 535 cuando se estableció la encuesta. Otros aspectos favorables del ENCRIGE son reportes de mayor imparcialidad, transparencia, claridad en procesos con las autoridades judiciales, gobierno electrónico, trámites, confianza en instituciones públicas y universidades.
No obstante, según el CEESP, los resultados deben tratarse con cautela pese al desempeño favorable general, en especial debido al retroceso en ambiente de negocios. La ENCRIGE indicó, 28.2% de las unidades económicas consideraron el marco regulatorio como obstáculo para lograr objetivos de negocios, frente al porcentaje de 20.2% en la primera encuesta. Asimismo, 6.9% de estos participantes tuvieron conocimiento, acceso o uso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Expertos del centro advirtieron, las empresas cuentan con información limitada sobre la existencia y función de las herramientas para emprendimiento y operatividad en el sistema SARE. Agregaron, actualmente no hay SARE certificados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), en ese sentido faltan garantías para la gestión por parte de entidades federativas y municipios del país.
Frente al escenario de incertidumbre con respecto a los actos de corrupción y la percepción sobre la misma, el CEESP resaltó la necesidad de mejorar la regulación en materia de negocios e inversión con participación de la CONAMER. Unidades económicas privadas realizaron 79.9 millones de trámites, pagos, y solicitudes de servicios ante autoridades durante el 2020, incrementados por la crisis sanitaria de la Covid-19. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se mantienen vulnerables a la efectividad real y prevención de las regulaciones en ámbitos de inversión y crecimiento. "Aunque las autoridades afirmaron que se han tenido importantes avances en materia del combate a la corrupción, en México persisten altos niveles de corrupción que limitan un buen entorno de negocios", agregó.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
