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De acuerdo con el panorama general de la situación económica en México, analizado por los especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la volatilidad e incertidumbre de los mercados son un factor de riesgo frente al crecimiento de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19; sin embargo, consideran que la respuesta del Gobierno Federal no ha sido óptima para mitigar las repercusiones económicas, sobre todo en materia de empleo, donde se reporta una pérdida acelerada de registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en las medidas de política monetaria-financiera, cuyos bonos gubernamentales se han reducido en 166 mil millones de pesos con base en las presiones del mercado cambiario.
Asimismo, resaltan la capacidad de otros países en América Latina para abordar las complicaciones derivadas de COVID-19 y mitigar sus repercusiones económicas con la implementación de proyectos más ambiciosos, a partir de tres factores: protección de los puestos de trabajo para proteger el ingreso de las familias, con base en subsidios, apoyos salariales y suspensión de pagos relacionados a las contribuciones sociales; recursos designados a la protección social, como subsidios, transferencias de efectivo a personas en situación de pobreza e informalidad, adelanto de programas sociales; y apoyo financiero, significativo y expedito, destinado a empresas, sobre todo a los micronegocios y al sector de pequeña y mediana empresa (pyme).
Los ejemplos en otros países se reflejan especialmente a través de los montos de recursos destinados a minimizar el daño económico; como en el caso de Colombia, que ha solicitado créditos por 14 mil millones de dólares (mmd) a diversas instituciones internacionales, entre las que figuran el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una cifra de 11 mmd, y el Banco Mundial, con 3 mmd. Los montos recaudados serán utilizados en las áreas más afectadas por la crisis, con objeto de brindar liquidez.
Ante la respuesta de los países de América Latina, el CEESP exhorta al gobierno mexicano a considerar la posibilidad de instrumentar diferimientos de pago de impuestos y contribuciones, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades fiscales, a través de las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Estas medidas proporcionarían la liquidez necesaria para mitigar las repercusiones económicas del periodo extendido de coyuntura por la emergencia sanitaria.
Estiman que el gobierno puede adoptar una estrategia para incrementar la deuda pública en 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), incluso si ello requiere la participación de organismos internacionales, como FMI, cuya línea de crédito actual es de 61 mmd; frente a esta iniciativa, será necesario que cuenten con un plan asequible, compromiso hacia la sostenibilidad de la deuda al finalizar la crisis, y remontar el prestigio necesario en el ámbito fiscal con objeto de hacer válidos los requisitos para su implementación.
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