Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
En la opinión del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), las insostenibilidad de las finanzas públicas podría ser la preocupación más importante de la siguiente administración. De acuerdo con el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Gobierno de México acumuló compromisos presupuestarios sin fondeos propios durante el actual sexenio.
Rumbo a las elecciones de 2024, voceros del CEESP informaron a NotiPress que el Gobierno federal acumuló un déficit de 7.1 billones de pesos. Asimismo, en 2025 se espera una caída de 8.8 por ciento del gasto público, ello como consecuencia del términos de los megaproyectos insignia.
El pasado 23 de octubre de 2023, el órgano asesor del CCE advirtió que las obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya necesitarán subsidios para sus operaciones en los próximos años. Tal panorama ha puesto en duda la rentabilidad de los recursos, en particular por la falta de presupuesto en otras áreas de las finanzas públicas y la elevada recaudación.
Respecto al discurso oficial, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que las finanzas públicas se encuentran con buena salud por el desempeño de la deuda. En un conversatorio con inversores del banco HSBC el 16 de mayo, Yorio comentó que la deuda externa presentó una disminución del 21% del PIB.
Si bien el subsecretario aseguró la existencia de flexibilidad fiscal para la administración tras las elecciones, el CEESP reiteró que hay debilitamiento sobre la actividad económica. Según el centro, frente al crecimiento de 9.6% de los ingresos según los Criterios Generales 2025, el gasto público se comportó de manera cuestionable.
La creación de programas de asistencia y proyectos sociales no representaron una medida rentable de designar el gasto, opinó el asesor del sector empresarial mexicano. Bajo la idea de mantener una preferencia social entre simpatizantes, el gobierno habrá incrementado el gasto total en 23.2% al cierre del sexenio.
Para el primer año fiscal después de las elecciones, la estimación del gasto público total se encuentra en 8.8%. En este contexto, el sector privado considera la caída como parte de la finalización de los megaproyectos insignia. Sin embargo, la necesidad de responder a la sostenibilidad de finanzas públicas ha puesto el foco en destinar el gasto en las áreas de salud, educación, y seguridad.
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