Inseguridad en el país es un factor que dificulta la inversión, indicó sector privado

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre el Delito (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo del delito asciende a 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de México, el costo alcanzó 21.3% en 2019, y muestra grandes dificultades en el transcurso de la pandemia y nueva normalidad según el Instituto de Paz y Economía. En un estudio con acceso para NotiPress, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) informó, la inseguridad es uno de los principales elementos que dificultan la inversión en el país.

A través de los registros proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el CEESP informó que se han recuperado 55% de los empleos perdidos durante la pandemia. En ese sentido, el porcentaje de población ocupada en condiciones críticas subió a 25.3% en mayo, con una tendencia hacia esta dirección registrada desde 2019. Por su parte, la precarización del empleo y reducción de los salarios tiene un factor causal importante en la falta dinamismo del consumo en el mercado interno. Cuyo crecimiento en el primer trimestre fue de 1.2% mayor frente al mismo periodo del año pasado; pero 2.7% menor a lo registrado antes de la pandemia.

La Encuesta de Expectativas realizada por el Banco de México (Banxico) informó, la inseguridad pública y otros problemas de estado de derecho se consideran obstáculos centrales para la inversión en el país. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo entre enero y mayo de 2021 se registraron 834 mil 118 delitos, un incremento de 11.7% mayor al año anterior. Asimismo, especialistas agregaron que en la primera mitad del sexenio actual el total de delitos rebasó por 18.2% al sexenio pasado y 21.5% al del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En la opinión del sector privado, los elevados niveles de inseguridad están relacionados con la incapacidad de controlar la delincuencia y un fortalecimiento de la impunidad. Los costos que deja la inseguridad se han convertido en un impuesto silencioso y habitualmente en forma de extorsión, cuyos efectos sobre los agentes económicos obligan a las empresas a desviar recursos para su protección y seguridad de procesos de producción, agregó el CEESP. El cálculo de los costos tiene variaciones significativas según la clase de delitos y metodologías, que se dificultan aún más con la aplicación del estado de derecho.

Con respecto a dicho estado y la participación del gobierno, especialistas del centro económico indicaron que las constantes modificaciones en regulaciones, reglamentos y leyes representan una limitante en materia de inversión. Pese al crecimiento de los indicadores económicos, como consecuencia del rebote por el regreso a las actividades, el sector privado considera indispensable generar un entorno adecuado para la inversión. Al respecto recomendaron evitar las decisiones que favorecen únicamente a las instituciones paraestatales, donde citaron la relación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como atender los problemas de inseguridad.