
Foto: Secretaría de Economía
En León, Guanajuato, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció un decreto que prohíbe la importación de calzado terminado bajo el régimen temporal, con el objetivo de proteger a la industria nacional frente a la competencia desleal y combatir el contrabando. La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrará en vigor en los próximos días.
Durante su intervención, Ebrard recordó que la presidenta encabeza cada lunes el gabinete económico y que desde el inicio de la administración el Plan México estableció como prioridad la defensa de la industria nacional. En el caso del calzado, dijo, es "un símbolo de México" y una de las más relevantes por su tradición y peso económico, con más de 120 mil empleos directos.
De acuerdo con datos recabados por la Secretaría de Economía y la industria, entre 2019 y 2024 la actividad del sector cayó un 12,8 %, principalmente por el incremento de 159 % en las importaciones de calzado terminado, muchas veces ingresado bajo el formato temporal sin pagar impuestos.
El decreto establece que toda importación de calzado terminado deberá pagar los impuestos correspondientes, eliminando la posibilidad de usar el régimen temporal —previsto para industrias de exportación— como vía de ingreso para productos que se comercializan en el mercado interno.
Ebrard anunció además una segunda fase para combatir el contrabando técnico, que consiste en subvaluar mercancías para evadir el pago de aranceles. Esta estrategia se coordinará con la Cámara de la Industria del Calzado y autoridades de comercio exterior.
El funcionario subrayó que la defensa del calzado mexicano forma parte de un esfuerzo más amplio para incrementar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones en sectores estratégicos como muebles, autobuses eléctricos y equipamiento hospitalario.
"Cada vez que compramos algo muy barato que compite de forma desleal con la industria nacional, sembramos un desempleo", advirtió Ebrard, reiterando que el objetivo es garantizar condiciones equitativas para los productores mexicanos.
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