Foto: Axel Olivares (Composición/NotiPress)
Un informe internacional reveló que México se encuentra entre los países con menor temor percibido hacia la inteligencia artificial, pero también figura entre los que menos han avanzado en su implementación responsable. A pesar de que 14% de las instituciones mexicanas ha adoptado marcos de gobernanza de datos, el desarrollo general en esta materia sigue rezagado en comparación con otras economías emergentes y desarrolladas.
De acuerdo con el reporte "Reimagining the future of public sector productivity", elaborado por la consultora internacional Impact Economist y patrocinado por SAS, ese mismo 14% representa también a las organizaciones que asumen más riesgos que el promedio global al aplicar IA sin estructuras regulatorias claras. Esta doble condición —alta disposición, pero baja preparación— plantea interrogantes sobre los factores que impiden dar el siguiente paso.
Expertos señalan que, si bien México ha superado una barrera psicológica frente a la tecnología, los obstáculos estructurales continúan siendo relevantes. Entre ellos destacan la falta de inversión pública y privada, la ausencia de normativas nacionales específicas y una brecha de talento digital que dificulta la implementación efectiva de políticas de gobernanza.
Además, el uso de IA en el país aún se concentra en proyectos piloto o iniciativas aisladas, sin estrategias integrales que garanticen transparencia, rendición de cuentas o protección de datos personales. En este contexto, la adopción institucional avanza sin una visión unificada ni coordinación entre sectores.
Especialistas en política tecnológica han advertido que esta situación puede ampliar la vulnerabilidad ante riesgos algorítmicos, como sesgos automatizados o decisiones opacas, especialmente en sectores sensibles como salud, seguridad y servicios públicos.
La gobernanza de datos —definida como el conjunto de principios y mecanismos para administrar el ciclo de vida de los datos y su uso por sistemas automatizados— es considerada un pilar para garantizar un desarrollo ético de la IA. Mientras países como Canadá, Francia o Corea del Sur ya integran estos marcos en leyes sectoriales, en México los lineamientos siguen limitados a guías generales o protocolos internos.
Aunque la actitud favorable hacia la IA podría parecer una ventaja inicial, la ausencia de medidas institucionales concretas representa una alerta para el futuro inmediato. El reto no es convencer a la población sobre el potencial de la inteligencia artificial, sino transformar esa apertura en políticas sostenibles, seguras y con enfoque público.
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