Foto: Pedro Basilio (NotiPress)
Desde que se aprobó la Ley Fintech se registraron 85 empresas fintech. Unas 60 solicitaron autorización para operar como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 25 como Instituciones de Financiamiento Colectivo. La situación actual de las fintech ahora que se venció el plazo para mandar las solicitudes marcará a México de forma única.
La Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como Ley Fintech, se aprobó y publicó en marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Cualquier institución de financiamiento colectivo o de fondos de pago electrónico debía cumplir con los requisitos necesarios para no cumplir con la nueva normatividad de acuerdo a sus operaciones. En un comunicado el 26 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) expresó que "quienes realizaban actividades de financiamiento colectivo o de fondos de pago electrónico con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Fintech y que presentaron su solicitud ante la CNBV, podrán continuar operando dichas actividades hasta en tanto se resuelva su solicitud"
El plazo para mandar las solicitudes y recibir la autorización para realizar actividades venció el 25 de septiembre de 2019, las instituciones que no hubieran recibido la autorización estarían actuando en contravención de la Ley y ser sujetos de sanciones administrativas o penales por parte de la CNBV.
Meses o incluso días antes del plazo acordado, las empresas de tecnología financiera que habían pedido autorización a la CNBV fueron pocas, según estimaciones de diferentes medios no se llegaría al 50% o menos de empresas operando bajo la Ley. El comunicado dice "Las personas que realizaban actividades señaladas en la Ley Fintech que no presentaron su solicitud de autorización al 25 de septiembre, deberán abstenerse de continuar realizando dichas actividades o celebrando nuevas operaciones, y deberán realizar únicamente los actos tendientes a la conclusión o cesión de las operaciones existentes; de lo contrario, serán sujetas a las sanciones penales y administrativas que marca la Ley"
Algunas fintech se quejaron de los altos precios como algo excesivo para obtener la autorización y si no fuera eso, la gran carga regulatoria que se necesitaba para preparar las solicitudes impedía que muchas startups continuaran con el trámite.
"A corto plazo puede pasar eso que obligue a las fintech a profesionalizarse, a establecer procesos, a tener gobierno corporativo, protección de datos y del consumidor, lo cual hará más difícil ser una startup", dijo Felipe Carvallo, analista de Moody's, a medios, "también es positivo porque las obliga a profesionalizarse, lo cual las haces más atractivas no solamente para los consumidores sino también para inversionistas".
Startups como Yotepresto.com y Fundary expresaron tuvieron que presentar una solicitud de mil hojas y otra de tres mil, respectivamente. El CEO y fundador de Fundary, Marcelo De Fuentes, declaró a medios que con la Ley Fintech el número de empresas en el país se reduciría por tamaños y recursos económicos pero las startups restantes en el proceso se verían fortalecidas.
Aunque el número de startups para operar en México haya descendido, aquellas que obtuvieron la autorización de una ley innovadora en Latinoamericana tendrán un mejor desempeño en el país para con los usuarios.
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