Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunciaron un acuerdo con COBB Tuning Products, empresa dedicada a la fabricación de piezas de recambio automotriz, para resolver las acusaciones relacionadas con la venta de dispositivos que violan la Ley de Aire Limpio. La empresa con sede en Austin, Texas, deberá pagar una multa de 2,9 millones de dólares y cesar la fabricación y comercialización de estos dispositivos.
La denuncia, presentada junto con el acuerdo de conciliación, se dirige a COBB acusándolo de vender productos que permitían a los usuarios desactivar los controles de emisiones de los vehículos, lo que provocaba un aumento significativo de la contaminación. Estos dispositivos de desactivación eludían las normativas de emisiones aprobadas por la EPA, afectando la calidad del aire. Entre 2015 y 2023, COBB fabricó y vendió más de 90 mil dispositivos que incrementaron las emisiones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono.
Todd Kim, fiscal general adjunto de la división de medio ambiente y recursos naturales del Departamento de Justicia, afirmó que "COBB creó un software que permitía a los usuarios desactivar los controles de emisiones, lo que aumentaba la contaminación y violaba la ley". Además, David M. Uhlmann, administrador adjunto de la Oficina de Cumplimiento de la EPA, expresó que "los dispositivos de desactivación han aumentado la contaminación en comunidades ya sobrecargadas, y la EPA hará todo lo posible para responsabilizar a los contaminadores".
En efecto, el acuerdo requiere que COBB elimine de su software las funciones que desactivan los controles de emisiones, destruya los productos aún en inventario y deje de ofrecer soporte técnico o garantías sobre productos vendidos previamente. Asimismo, la empresa deberá revisar su material de marketing, notificar a los clientes sobre la ilegalidad de los productos y capacitar a su personal en cumplimiento normativo. Este acuerdo, presentado ante el Tribunal de Distrito del Oeste de Texas, está sujeto a un período de comentarios públicos de 30 días antes de su aprobación final.
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