Foto: Alan Cortés (NotiPress)
En Washington D.C., la sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Criminal copatrocinó el simposio sobre Inteligencia Artificial en el Departamento de Justicia, en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) el 2 de octubre. Al simposio asistieron miembros del gobierno, la industria, el mundo académico y miembros de la sociedad civil.
La subprocuradora general Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal, inauguró el simposio con un discurso inaugural en el cual describió las promesas y los peligros de la inteligencia artificial (IA). En este sentido, anunció un nuevo enfoque estratégico para contrarrestar el delito cibernético y otros ilícitos que se hacen posibles gracias a tecnologías emergentes como la IA.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el enfoque se basa en la utilización de todas las herramientas disponibles para interrumpir la actividad delictiva y hacer que los actores delictivos rindan cuentas. Además, la División busca desarrollar leyes y políticas para prevenir y procesar el delito cibernético y promover la ciberseguridad a través del desarrollo de capacidades y la educación pública.
Argentieri anunció el apoyo de la División a la convención de las Naciones Unidas sobre el Delito Cibernético, que el departamento negoció junto con sus socios interinstitucionales para abordar la necesidad de cooperación internacional en la lucha contra el delito cibernético y al mismo tiempo proteger los derechos civiles. Por otro lado, la subprocuradora general anunció que la División tendrá en cuenta la necesidad de realizar investigaciones de seguridad de buena fe sobre los sistemas de IA. Argentieri sostuvo que dichas investigaciones pueden ayudar a identificar sistemas cuyas operaciones o resultados son inseguros, inexactos o ineficaces para los usos previstos y pueden brindar protección contra posibles daños graves a los derechos individuales.
El CCIPS realizó una serie de medidas para promover su enfoque estratégico. Desde 2021, la sección, en colaboración con socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel nacional e internacional, desactivó siete de las variantes de ransomware más prolíficas, incluso confiscando su infraestructura y distribuyendo sus claves de descifrado a las víctimas. Además, liberó más de 20 millones de computadoras de botnets u otras formas de software malicioso, y se anunció públicamente la condena de más de 100 acusados en relación con esquemas que involucran ransomware, malware, mercados criminales y criptomonedas.
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