Foto: Pedro Basilio (NotiPress)
La Secretaría Anticorrución y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro inició un procedimiento de investigación tras detectar la presunta vulneración de bases de datos personales en diversas instituciones públicas, luego de identificar indicios a partir de información difundida públicamente y del monitoreo permanente de incidentes de seguridad.
Fue el 31 de diciembre de 2025 cuando informó que las indagatorias se abrieron de oficio, con el objetivo de determinar el origen del incidente, identificar posibles fallas en los sistemas de protección y establecer responsabilidades administrativas en caso de acreditarse irregularidades.
De acuerdo con la institución, en espacios de la deep web se ha sugerido que la obtención de la información podría estar relacionada con un ataque informático. No obstante, la dependencia precisó que las investigaciones no se limitan a esa hipótesis y consideran escenarios adicionales, como el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna.
Por el principio de criterios de reserva y confidencialidad, justificando la objetividad de las indagatorias, no se detallaron las instituciones afectadas ni el volumen de información presuntamente expuesta.
Como parte del proceso, las dependencias involucradas están obligadas a colaborar con las investigaciones administrativas y, en caso de corresponder, presentar las denuncias penales ante las instancias competentes. La institución encabezada por Buenrostro indicó que el incumplimiento de medidas de seguridad podría derivar en observaciones, recomendaciones técnicas y acciones correctivas.
Entre las posibles medidas contempladas están el fortalecimiento de controles de acceso, la revisión de protocolos de supervisión y la mejora de los sistemas de resguardo de datos personales, especialmente en áreas donde personas servidoras públicas cuentan con acceso a información sensible.
Por su parte, la misiva institucional establece que, de detectarse conductas que pudieran constituir delitos, la dependencia dará vista a la Fiscalía General de la República. De igual forma, los casos con posibles responsabilidades administrativas serán turnados a los órganos internos de control correspondientes.
La apertura de estas investigaciones se suma a otros incidentes de seguridad digital que se encuentran en análisis. Cualquier determinación, dijo la entidad, permanece bajo reserva hasta que se cuente con conclusiones técnicas y administrativas verificables.
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