Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Google no enfrentará una escisión de sus operaciones, pero deberá modificar de forma sustancial sus prácticas comerciales tras un fallo provisional emitido por el juez Amit P. Mehta, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. La decisión forma parte de un proceso antimonopolio en curso iniciado por el Departamento de Justicia en 2020, y busca impedir que la empresa tecnológica mantenga ventajas exclusivas en el mercado de búsquedas en línea.
Entre las medidas establecidas, Google no podrá celebrar ni mantener acuerdos exclusivos que condicionen la distribución de sus productos —como Búsqueda, Chrome, el Asistente de Google o Gemini— a la instalación conjunta de otras aplicaciones o condiciones financieras. De acuerdo con el fallo, tampoco podrá vincular los pagos de participación en ingresos a la permanencia de aplicaciones específicas en dispositivos.
Además, el juez ordenó que Google comparta ciertos índices de búsqueda y datos de interacción de usuarios con "competidores calificados", y ofrezca servicios de búsqueda y sindicación de anuncios a tarifas estándar. Esto permitirá que rivales con menor infraestructura puedan entregar resultados de calidad mientras desarrollan sus propias tecnologías.
El juez Mehta subrayó que la mayoría de los usuarios no modifican la opción predeterminada de su motor de búsqueda, lo que convierte a esas posiciones en "bienes raíces extremadamente valiosos". Esta característica, indicó, ha servido para excluir a rivales del mercado y reforzar la cuota de Google, que ha rondado el 90% en el mercado de búsquedas tradicionales durante más de una década.
Aunque el fallo aún no es definitivo, Mehta solicitó a Google y al Departamento de Justicia presentar una propuesta conjunta antes del 10 de septiembre, con una sentencia definitiva alineada con su dictamen. Una vez en vigor, las medidas tendrán una duración de seis años, contarán con un comité técnico para su implementación y comenzarán a aplicarse 60 días después de su aprobación formal.
El Departamento de Justicia había solicitado sanciones más severas, incluyendo la división del navegador Chrome y posiblemente del sistema operativo Android, además de la rescisión de acuerdos con fabricantes como Apple y Samsung. Según documentos del juicio, Google destinó más de 26 mil millones de dólares en 2021 para asegurar que su motor de búsqueda apareciera como predeterminado en dispositivos, de los cuales 18 mil millones fueron dirigidos a Apple, con quien comparte el 36% de los ingresos por búsquedas realizadas desde Safari.
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, argumentó que el intercambio forzado de datos equivale a una "desinversión de facto" y advirtió que podría afectar la privacidad de los usuarios y limitar la inversión en investigación y desarrollo. Durante las audiencias, el juez Mehta señaló que tomaría como punto de referencia la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, aunque aclaró que su decisión sería "más limitada y temporal".
Expertos en regulación tecnológica han comparado el caso con las obligaciones establecidas en Europa. William Kovacic, profesor en la Universidad George Washington y excomisionado de la Comisión Federal de Comercio, señaló: "Esto ha generado un gran debate sobre si los europeos, con la Ley de Mercados Digitales, tienen razón. ¿Se necesitan normas descriptivas o se depende de la resolución técnica caso por caso?"
Kovacic también advirtió que el caso de Google es inédito por la existencia de dos juicios antimonopolio paralelos en curso contra la misma empresa. Uno de ellos se refiere a su negocio de tecnología publicitaria. En abril de 2025, la jueza Leonie Brinkema determinó que Google también incurrió en prácticas monopólicas en ese sector. El juicio por las sanciones correspondientes se celebrará a finales de septiembre.
Respecto al futuro del caso, Kovacic afirmó: "No terminará hasta finales de 2027 o principios de 2028", en referencia a las posibles apelaciones y procesos judiciales ante instancias superiores.