Ciudad de México,
Ali Figueroa
Crédito foto: Axel Olivares (Composición/NotiPress)
El plazo otorgado por la Comisión Europea a X marca un momento decisivo para la aplicación del nuevo reglamento digital en el continente. Con 60 días hábiles disponibles, la plataforma deberá presentar medidas concretas respecto al uso del distintivo de verificación azul, cuya aplicación incumple disposiciones de transparencia estipuladas por la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Bruselas notificó oficialmente la decisión el 5 de diciembre de 2025, en la cual determinó imponer una multa de 120 millones de euros a la red social operada por la empresa de Elon Musk. La sanción se deriva de tres hallazgos: diseño engañoso del sistema de verificación, insuficiente apertura de su repositorio publicitario y restricciones para investigadores en el acceso a datos públicos.
De acuerdo con la Comisión, la verificación azul permite que cualquier cuenta adquiera estatus de "verificada" mediante pago, sin confirmar la identidad de su propietario. Esta modalidad, según el organismo, genera confusión entre los usuarios y expone a riesgos como suplantación o manipulación digital. La normativa prohíbe expresamente estructuras las cuales puedan inducir a error sobre la autenticidad de cuentas digitales.
Fueron señaladas también deficiencias en la disponibilidad de información sobre anuncios. El repositorio correspondiente presenta demoras significativas en el acceso, omite el contenido de las campañas y no identifica a quienes financian la publicidad. Esto dificulta que el público y especialistas puedan analizar de forma autónoma riesgos asociados al entorno informativo en línea.
Investigadores quienes requieren examinar datos abiertos para evaluar amenazas sistémicas también se enfrentan a obstáculos, precisó el comunicado oficial. La Comisión identificó restricciones contractuales y operativas las cuales impiden obtener esos datos de manera independiente, pese a que el reglamento establece obligaciones para facilitar dicho acceso.
Justamente, la decisión de Bruselas implica que X dispone de dos plazos distintos para responder. Uno de 60 días para remitir detalles sobre la solución al uso del símbolo azul, y otro de 90 días para entregar un plan de acción relacionado con la publicidad y el acceso investigativo. Ambos documentos serán revisados por el Consejo de Servicios Digitales, organismo consultivo que emitirá opinión en un mes posterior al envío.
Kits normativos adicionales podrían aplicarse en caso de que la empresa no cumpla con estas exigencias. La ley contempla sanciones proporcionales, como penalidades recurrentes o multas que representen hasta el 6% de la facturación global anual de la entidad infractora.
La funcionaria Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, expresó en un comunicado que el uso confuso del sistema de verificación, junto con las limitaciones en transparencia publicitaria y exclusión de investigadores, no deben tener lugar dentro del entorno digital europeo. Estas declaraciones se enmarcan en la postura oficial adoptada tras la investigación iniciada en diciembre de 2023.
Mientras avanza el plazo, X deberá reformular elementos centrales de su estructura operativa si desea evitar medidas adicionales. Esta resolución representa la primera aplicación formal de la Ley de Servicios Digitales desde su entrada en vigor.