Ciudad de México,
Ali Figueroa
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Las herramientas digitales y nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en la transmisión de datos, conocimiento, noticias, e información sobre derechos humanos. Existen instituciones gubernamentales que discuten la pertinencia de la legalidad sobre estos temas, involucrada en ámbitos fuera y dentro del mundo digital, como infracciones a los derechos de autor; ante ello, diversas fundaciones y asociaciones especializadas en derechos digitales se encargan de monitorear las decisiones tomadas por estas autoridades.
En el caso de México, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) criticó el anunció de las reformas derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) emitido por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Estas reformas involucran modificaciones al Código Penal Federal, con base en la Ley Federal de Derecho de Autor, para alterar las disposiciones de la propiedad intelectual en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Las modificaciones incluyen exhortar a que los proveedores de servicios de Internet eliminen cualquier clase de contenido de sus clientes bajo la premisa de infringir derechos de autor, sin ningún tipo de juicio o garantías que respeten la legalidad y transparencia de los debidos procesos.
R3D indicó que esta iniciativa lleva el nombre de "notificación y retirada", y su objetivo es la rápida eliminación de toda clase de información de dominio público, relevantes para una sociedad democrática, que atente contra ciertos intereses particulares de las autoridades.
Otra preocupación de la R3D consiste en la posible criminalización por evadir candados digitales, planteada por el senado al margen de las modificaciones derivas del T-MEC. Esta iniciativa considera penalizar con periodos de hasta 10 años a todos aquellos que eludan las medidas tecnológicas de protección incluidas en la manipulación de software y migración de datos, como modificar un sistema operativo, al pasar de Windows a Linux, o usar programas que no se encuentren desarrollados por fuentes oficiales, como los códigos fuente y software libre.
Entre los usos responsables de la evasión de candados se encuentran la actividad de las empresas en seguridad digital, servicios de reparación de equipos electrónicos, bases de datos con acceso a información de dominio público, investigadores sin acceso a patentes, instituciones académicas que basan su enseñanza en a experimentación, y periodistas que protegen su información en Internet a través de herramientas para salvaguardar su identidad y datos personales: Una gran cantidad de tecnología y servicios de protección digital funcionan gracias a esta posibilidad
Asimismo, en el caso de Uruguay, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada el 6 de junio por el senado, representa un una preocupación importante respecto a la libertad de expresión, así como la amenaza de posibles violaciones a los derechos humanos. Esto se debe a que le otorga protección total a los policías, y la facultad de castigar con sanciones de 3 a 18 meses de cárcel a quienes comentan cualquier clase de agravio, crítica o insulto de manera verbal o escrita. Esto incluye cualquier actividad por parte del periodismo online, así como los medios y agencias que implementen herramientas digitales.