Registro de celulares en México genera dudas sobre protección de datos y legalidad

El registro obligatorio de líneas de telefonía celular en México ha generado algunas críticas por posibles afectaciones a la privacidad, deficiencias técnicas y dudas sobre su utilidad para combatir la delincuencia. Desde el 9 de enero de 2026, los usuarios de líneas de prepago deben asociar su número telefónico con una identificación oficial. Este proceso involucra validación con fotografía en línea o presencial de los usuarios.

Desde el Estado de México, durante la conferencia matutina del 16 de enero de 2026, José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aclaró cómo el procedimiento no implica el almacenamiento de datos biométricos. Añadió que la validación por cámara o identificación se limita a verificar identidad, sin guardar imágenes ni huellas digitales.

Hasta el 16 de enero, se han registrado más de 2 millones de líneas, de un total estimado de 143 millones activas, según datos citados por Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit. La regulación solo aplica a líneas de prepago, las cuales representan el 85% del total en el país.

No obstante, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han manifestado su preocupación. Pepe Flores, director interino de R3D, advirtió a medios de comunicación sobre el posible desplazamiento de delitos hacia modalidades como el robo de celulares, suplantación de identidad y la creación de un mercado negro de chips. "Es ingenuo pensar que la delincuencia organizada usará sus datos personales en la realización de un secuestro o una extorsión", afirmó.

Ana Gaitán, abogada de la misma organización, alertó cómo las bases de datos estarán interconectadas con una plataforma central de inteligencia, lo cual podría permitir un monitoreo masivo de los movimientos ciudadanos. "Es engañoso que las bases solamente las van a tener empresas de telecomunicaciones", dijo.

Durante el inicio del registro, la compañía Telcel presentó fallas graves en su sistema. Iván Martínez, experto en seguridad digital, denunció que cualquier persona con conocimientos básicos de programación podía consultar información de terceros, ingresando números aleatorios en la plataforma de registro. Si bien el problema fue resuelto parcialmente, persisten preocupaciones sobre los controles de seguridad implementados.

Gaitán agregó que las empresas solicitaron una prórroga desde diciembre de 2025 por falta de tiempo para realizar pruebas. "La culpa es del gobierno. No dio suficiente tiempo de pruebas a las empresas", expresó. También mencionó cómo esto podría derivar en un proceso de exclusión para millones de personas en zonas remotas, al quedar fuera del sistema por depender de servicios de prepago.

En cuanto a la gestión legal, Merino explicó que las compañías son responsables del resguardo de la información, y solo mediante una solicitud judicial están autorizadas a entregarla a las autoridades en casos de delitos. Añadió que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán hasta el 30 de junio para ser registrados, mientras tanto, los nuevos no podrán realizar llamadas sin completar el proceso.

Pepe Flores concluyó que esta medida representa un giro frente a la inconstitucionalidad del anterior padrón de usuarios, al delegar la responsabilidad a las empresas. Añadió que los mecanismos implementados, en su opinión, carecen de salvaguardas claras para proteger los derechos de los usuarios.