Cuando proteger la tierra es también una decisión de las mujeres

Datos del Censo Agropecuario 2022 indican que una de cada cinco personas dedicadas al sector forestal en México es mujer. Sin embargo, su participación como titulares de derechos agrarios o beneficiarias de programas públicos sigue siendo limitada. Las cifras oficiales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) señalan que, en 2024, del total de recursos asignados a proyectos forestales productivos, únicamente 31% se canalizó a mujeres. Además, entre 2017 y 2024, los apoyos destinados a este grupo mostraron una tendencia variable: en 2020 se otorgaron más de 54 millones de pesos, pero en 2024 el monto cayó a 9.6 millones.

Esta realidad se refleja también en los procesos de decisión comunal. En múltiples regiones rurales, mujeres con responsabilidades ambientales carecen de acceso formal a la tierra o representación con voto en órganos ejidales, a pesar de participar activamente en tareas de conservación, vigilancia y reforestación.

Frente a este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración para establecer políticas con perspectiva de género dentro del sector ambiental, con especial atención a la protección de defensoras del medioambiente. El acuerdo entró en vigor el 4 de diciembre de 2025 y tendrá vigencia hasta el año 2030.

Durante el acto protocolario, realizado en Ciudad de México, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que proteger a quienes enfrentan agresiones por su labor ambiental constituye una prioridad institucional. En su intervención, declaró: "proteger a las defensoras del medioambiente, las que dan la vida por la vida, es una prioridad".

Así, entre los compromisos del convenio destaca el fortalecimiento de un mecanismo de protección interinstitucional, en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Esta herramienta, originalmente enfocada en periodistas, será extendida para brindar atención a defensoras del territorio. El instrumento operará bajo el marco del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información, participación y justicia ambiental en América Latina y el Caribe.

El acuerdo incluye también la capacitación del personal de Semarnat en temas vinculados a igualdad sustantiva. Se busca con ello incorporar criterios de género en el diseño, evaluación y operación de programas ambientales. La titular de Semarnat subrayó que uno de los ejes centrales será integrar datos desagregados por sexo en registros e informes oficiales. "Debemos desagregar los datos para saber cuál es la participación de las mujeres" afirmó.

A nivel operativo, la Cartilla de Derechos de las Mujeres será difundida en centros de educación ambiental, oficinas regionales y áreas naturales protegidas. Esta medida busca asegurar la transversalización de los derechos humanos en todos los espacios de acción institucional vinculados con la gestión de recursos naturales.

Finalmente, el convenio firmado se integra al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y forma parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Establece un precedente federal en la articulación entre justicia ambiental y justicia de género dentro de las políticas públicas.