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Colombia encabezó en 2024 la lista de países más peligrosos para quienes protegen el medioambiente y los territorios. El informe publicado por la organización Global Witness registró 146 ataques mortales a nivel mundial, con 48 ocurridos en territorio colombiano. Esta cifra representó casi un tercio de los casos globales y consolidó al país en la primera posición por tercer año consecutivo.
El estudio subrayó que Latinoamérica concentró el 82% de los asesinatos. Brasil, México, Honduras y Filipinas aparecen entre las naciones con mayores índices de violencia contra activistas ambientales. La autora principal del documento, Laura Furones, detalló: "el estudio documenta un total de 146 ataques que incluyen asesinatos y desapariciones de larga duración. Son cuatro desapariciones y los otros 142 son asesinatos de personas defensoras a nivel global en 2024".
La proporción de víctimas en Colombia resulta particularmente relevante. Desde 2012, año en que Global Witness inició la recopilación de datos, el país permanece dentro de los primeros puestos sin interrupción. Furones precisó: "Colombia tiene el deshonroso honor de quedar siempre entre los primeros puestos".
Historias individuales evidencian la magnitud del problema. El campesino mexicano Alberto Cortina murió mientras se oponía a una granja porcícola en Veracruz. En Chile, la lideresa mapuche Julia Chuñil desapareció en noviembre, tras años de defensa de los derechos territoriales de su comunidad. En Honduras, el ambientalista Juan López fue asesinado por su oposición a un proyecto minero dentro de una reserva forestal. Casos como estos forman parte de los 146 nombres documentados en 2024.
Global Witness definió a los defensores de forma amplia para incluir a líderes indígenas, campesinos, pescadores, excombatientes e incluso periodistas. Furones explicó: "nuestra definición de persona defensora es deliberadamente amplia precisamente para capturar toda esta diversidad de roles y realidades". Esa amplitud de perfiles refleja que la violencia no distingue ocupaciones ni contextos, abarcando a quienes desempeñan tareas de protección ambiental o defensa comunitaria.
Así, el informe también analizó los sectores vinculados a los ataques. En este punto, Furones puntualizó: "este año hemos documentado a la minería como la industria más relacionada con ataques a personas defensoras. Esto también fue así el año pasado". Además de la minería, se mencionan industrias forestales, agroindustrias y proyectos de infraestructura como hidroeléctricas o carreteras.
En Colombia, la situación se explica por la combinación de intereses empresariales y la presencia del narcotráfico en territorios donde residen comunidades campesinas e indígenas. Según Furones, la disputa territorial se mantiene intensa, incrementando la vulnerabilidad de quienes denuncian impactos ambientales y sociales.
Aunque la cifra total de ataques disminuyó frente a 2023, el informe advierte que el descenso no representa necesariamente un entorno más seguro para los defensores. La violencia documentada corresponde a su expresión más extrema: asesinatos y desapariciones. A ello se suman hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia sexual, modalidades no letales que afectan de manera permanente la vida de activistas y líderes sociales.
Finalmente, el panorama descrito por Global Witness coloca a Colombia en el centro de la atención internacional, al ser el país con mayor número de asesinatos registrados en 2024. Las cifras reflejan la persistencia de un escenario adverso para los defensores ambientales, dentro de un contexto regional marcado por altos niveles de violencia contra el activismo ambiental.
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