Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
En el acceso a la salud, en México existe desigualdad asociada al sexo, género, etnia, color de piel, clases sociales y orientación sexual. En particular, el sexo y el género se han identificado como factores que determinan el estado de salud y bienestar de las personas.
De acuerdo con un estudio liderado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), es necesario diseñar e implementar políticas sociales sensibles al género como mecanismo medular para lograr un sistema de salud equitativo, efectivo y universal.
Laura Flamad, profesora de El Colegio de México, así como Emanuel Orozco Núñez, Carlos Guerrero-López y Edson Serván-Mori, investigadores del INSP, participaron en el análisis. En el estudio "Impactos económicos y de salud de las enfermedades no transmisibles en mujeres de México", se debe evaluar la interseccionalidad de la desigualdad de género.
Realizada en colaboración con el George Institute for Global Health de Australia, la investigación evidenció las diferencias por género en la carga ocasionada por las enfermedades no transmisibles (ENT) en México.
Si bien, la carga de las ENT se ha incrementado tanto en hombres como mujeres, la carga derivada de cánceres y neoplasias es mayor para ellas. Por ejemplo, la mortalidad del cáncer de mama aumentó en las últimas dos décadas.
Datos compartidos durante la Semana de Innovación de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), a los cuales NotiPress tuvo acceso, destacaron el aumento de muertes por ENT. Serván-Mori informó que entre 2015 y 2021 se registraron 1.3 millones de muertes causadas por enfermedades no transmisibles, lo que causó una pérdida de productividad estimada en 135 mil millones de dólares en México.
Además, el estudio demostró que la búsqueda y acceso a los servicios a la salud también está asociada al género. La afiliación a las instituciones de seguridad social en el país está determinada por la participación en el mercado laboral formal. De los 27.2 millones de personas aseguradas, el 57.3 por ciento eran hombres frente al 42.7% de mujeres, reflejando cómo el género determina la participación en el mercado formal de trabajo.
Igualmente, el estudio señaló que las condiciones de desventaja social de las mujeres las exponen a un mayor riesgo económico por motivos de salud. Entre 2000 y 2020, los hogares encabezados por mujeres se caracterizaron por una menor escolaridad y participación en el mercado laboral. Adicionalmente, la mayoría eran dirigidas por divorciadas, separadas o viudas, con familias extendidas o unipersonales, mayor presencia de adultos mayores y menor capacidad de pagar necesidades básicas.
Según los investigadores, estos hogares no solo tienen mayor probabilidad de gastar en salud, sino que se exponen a un mayor riesgo económico por incurrir en gastos empobrecedores en esta rama. Este riesgo se agrava con la presencia de una persona adulta mayor y cuando se ubican en alguna entidad federativa menos desarrollada.
Alcanzar una mayor equidad de género en materia de protección social implica la adopción de acciones de política en salud a las realidades y roles particulares de las mujeres y hombres en la sociedad. Además, se necesita una perspectiva multisectorial y la participación de los sectores públicos y privados.
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