Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Un estudio publicado por JAMA Network Open identificó cómo los adultos estadounidenses con discapacidades intelectuales y del desarrollo presentan tasas de ansiedad y depresión hasta nueve veces superiores a las de la población general. Además, el estudio señala obstáculos económicos para acceder a tratamiento de salud mental. La investigación aporta las primeras estimaciones nacionales sobre prevalencia de síntomas, uso de tratamiento y barreras financieras en esta población.
Dicho análisis fue realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington con base en datos de 44.000 adultos recopilados entre 2021 y 2023 mediante la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, administrada por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. De ese total, los investigadores identificaron a 796 adultos con probables discapacidades intelectuales y del desarrollo, grupo que representa aproximadamente a 2,9 millones de personas en el país.
Según los resultados, 56,8% de los adultos con estas discapacidades reportó ansiedad diagnosticada, frente a 10,6% en la población general. Con respecto a la depresión diagnosticada, la cifra alcanzó 56,9%, en comparación con 9,9%. Asimismo, 48,9% indicó ansiedad diaria, frente a 7,7% del resto de la población, mientras 24,2% reportó depresión diaria, frente a 1,3%.
En materia de tratamiento, 40% de los adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo informó haber recibido terapia o psicoterapia durante el último año. En ese mismo periodo, 40% reportó uso de medicación psiquiátrica para tratar ansiedad y 37% para depresión.
Dimitri Christakis, autor principal y profesor de pediatría en la Universidad de Washington, afirmó: "Nuestros hallazgos presentan un panorama preocupante de la salud mental y la atención médica para las personas con estas discapacidades en Estados Unidos". Añadió que "la magnitud de la carga es alarmante".
El estudio también documentó diferencias económicas. El 17,4% de los adultos del grupo analizado reportó retrasar terapia debido al costo, frente a 3,4% de la población general. Asimismo, 18,6% indicó haber renunciado completamente a atención de salud mental por razones económicas, en comparación con 3,2%.
Christakis señaló: "Tener seguro no implica automáticamente tener acceso". Agregó también que los datos sugieren que incluso con cobertura existen costos de bolsillo y dificultades para encontrar proveedores que acepten seguros como Medicaid.
Los autores informaron que la esperanza de vida de esta población es entre 10 y 20 años menor en promedio que la de la población general. El estudio fue financiado por las Olimpiadas Especiales mediante subvenciones provenientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras organizaciones.
Entre las recomendaciones planteadas se incluyen aumentar las tasas de reembolso de Medicaid para profesionales de salud mental, integrar el estado de discapacidad en la vigilancia de salud pública y ampliar la formación especializada en atención basada en discapacidad.
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