Ciudad de México,
Patricio Contreras
Crédito foto: Felix Zhao on Unsplash
Tras las declaraciones emitidas en contra del consumo de bebidas azucaradas y refrescos el domingo 19 de julio por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quién se refirió a ellas como "veneno embotellado", se suscitó una controversia en la que actores clave de la industria alimentaria mexicana reprobaron la selección de palabras del subsecretario y la pertinencia de relacionar los números altos de la pandemia con el consumo de estos productos.
Dicha polémica culminó en las quejas expresadas por la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), la cual acusó al subsecretario de "estigmatizar" la industria refresquera, posicionar a un enemigo público en el actual discurso sobre la pandemia de Covid-19 e inculpar arbitrariamente a la industria de los problemas de salud derivados del consumo de bebidas azucaradas.
Sin embargo, según datos de Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se estiman 25,000 muertes al año en México por enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas y que este es un factor de riesgo a la salud igual de significativo que el coronavirus, aunque más latente y enraizado en la cultura alimentaria de los mexicanos.
El doctor Barquera detalló a medios que el riesgo más común acarreado por el consumo de refrescos es la obesidad y que esta "está hilada con más de 14 enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión...También causa dislipidemia, que es la alteración de los lípidos en sangre. Y luego las bebidas azucaradas estimulan mucho el páncreas, entonces están muy relacionadas con mala función de diversos órganos".
Siendo México un país donde, según datos la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 7 de cada 10 personas padece sobrepeso (y un tercio de estos, obesidad), la comorbilidad presentada entre el reciente SARS-Cov-2 y estos padecimientos resulta un dato alarmante que podría justificar la animadversión de las autoridades de salud hacia estos productos y la premura por regular el mercado, ya que el 43% de los casos de defunciones por Covid padecía hipertensión, 37%, obesidad y 25%, diabetes.
Aunque la industria refresquera ha argumentado su cumplimiento cabal de los lineamientos de salud y que la incidencia de estas enfermedades tiene una multiplicidad de factores, es clara la renuencia de su parte para disminuir el impacto negativo de sus productos en México, donde se calcula que el promedio consume 165 litros de refresco al año (el cuarto lugar a nivel mundial), medio litro al día y, con ello, aproximadamente 50 gramos de azúcar, el doble de lo recomendado para adultos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Un primer paso al respecto ya se dio en 2014, cuando se aprobó un impuesto del 10% en el costo de las bebidas azucaradas, esto en contraste con el de 20% que recomienda la OMS. Aunque la medida ayudó a evitar el consumo de hasta 69 mil toneladas de azúcar durante ese primer año, resulta de igual importancia orientar mejor al público en sus decisiones de consumo.
Para ello, el gobierno anunció, no sin críticas, un nuevo etiquetado que entrará en vigor en octubre 2020. Presentará de forma sencilla y accesible los principales datos nutricionales de interés para la salud que, anteriormente, sólo podían encontrarse enterrados entre listas de tecnicismos y porcentajes sobre los cuales, sin preparación profesional, resulta difícil ejercer un juicio.
Con todo esto, la recomendación expresada por las autoridades de salud sigue siendo evitar en la medida de lo posible el consumo de estos refrescos, especialmente en un periodo vulnerable para la salud y la certidumbre de los mexicanos como el suscitado por la pandemia de coronavirus; ahora más que nunca hacen falta esfuerzos por aumentar la consciencia de los consumidores.