Foto: Gobierno de México
El 2 de agosto de 2024, durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no responderá a la carta emitida por la ONU sobre su propuesta de reforma judicial. El mandatario mexicano afirmó la falta de responsabilidad de la organización y acusó a sus organismos de originar muchos problemas globales sin atenderlos adecuadamente. AMLO criticó la "diplomacia improductiva" y el turismo diplomático dentro de la ONU, argumentando que no tiene derecho a opinar sobre los asuntos internos de México y otros países.
Dentro del contenido de la carta, enviada por Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, abordaba varios temas relacionados con la propuesta de reforma judicial del Ejecutivo mexicano. En el documento, Satterthwaite expresó preocupación por la iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024, cuyo planteamiento principal es la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. La funcionaria de la ONU advirtió sobre el posible impacto negativo de la reforma en la independencia del poder judicial en México.
Este documento, dirigido al gobierno mexicano, señala la ausencia de esquemas regulatorios claros para las actuaciones de los candidatos durante las elecciones de jueces y magistrados. Además, rechaza los descalificativos y desacreditaciones ocurridas contra jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este es un motivo de preocupación debido a la intimidación hacia los jueces y la interferencia en su independencia a través de ataques verbales provenientes de los poderes ejecutivo y legislativo.
Satterthwaite subrayó que la elección popular de jueces y magistrados rompe con los estándares internacionales para el nombramiento de impartidores de justicia. Según el derecho internacional, cualquier procedimiento de nombramiento debe garantizar la independencia judicial y la imparcialidad. La carta menciona que las modificaciones propuestas carecen de mecanismos transparentes e independientes para verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad.
Además, la relatora advirtió sobre el riesgo de que la elección popular podría llevar a los candidatos a buscar complacer a los votantes o patrocinadores de campañas, en lugar de tomar decisiones basadas en principios jurídicos. Asimismo cuestionó la propuesta de reducir los salarios de los trabajadores del Poder Judicial, argumentando que viola acuerdos internacionales.
Cuando abordó el tema en la mañanera del 2 de agosto, AMLO reiteró que México es una nación independiente y solo los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformas. Afirmó que no hay nada inconstitucional en el proceso y todo está fundamentado bajo la ley. "Si enviamos una iniciativa de conformidad con los procedimientos legales al poder legislativo, este va a resolver, es algo elemental", dijo el presidente.
La reforma judicial se está discutiendo actualmente en foros organizados por el Congreso de la Unión, con la participación de expertos en derecho, ministros, jueces, trabajadores, legisladores e involucrados en el tema. La reforma contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de dos nuevos organismos de administración y disciplina judicial.
AMLO concluyó su intervención reiterando su postura en contra de la injerencia de externos en las políticas nacionales y defendió nuevamente la soberanía de México en la toma de decisiones internas.
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