Ciudad de México,
Sergio F Cara
Crédito foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Más allá del cruce de señalamientos políticos tras el accidente del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, existe un antecedente técnico que vuelve a colocarse en el centro del debate: una auditoría federal de la ASF documentó deficiencias estructurales en la planeación de obras ferroviarias ejecutadas por la administración morenista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En su revisión a la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el proyecto de corrección, pendiente y conexión en la línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec presentó una planeación deficiente desde su arranque, al haberse iniciado trabajos sin contar con estudios técnicos y proyectos ejecutivos completamente terminados.
Así, el órgano fiscalizador detalló en un documento (263-DE) al que tuvo acceso NotiPress que la obra comenzó con proyectos incompletos, lo que obligó a modificar el alcance del contrato mediante convenios no previstos en las bases de licitación, ajustar plazos de ejecución y autorizar trabajos adicionales que no estaban contemplados originalmente. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la omisión de materiales esenciales en el catálogo de conceptos, como terraplén y sub-balasto, así como la falta de definición de secciones completas del trazo ferroviario. En marzo de 2024 tras el descarrilamiento del Tren Maya, se hicieron conocidos audios revelados por LatinUS que vinculaban irregularidades en la contratación de proveedores con la familia de López Obrador.
La ASF puntualizó que estas deficiencias contravienen la Ley de Obras Públicas, la cual establece que los proyectos deben iniciar únicamente cuando los estudios y programas de ejecución estén plenamente concluidos, precisamente para evitar improvisaciones, sobrecostos y riesgos operativos.
Pese a que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec intentó justificar las modificaciones argumentando la complejidad del proyecto y la urgencia de ejecutar una obra prioritaria del gobierno Federal, la Auditoría no dio por solventada la observación. Por el contrario, determinó que la obra no cumplió con los requisitos mínimos de planeación, lo que derivó en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra servidores públicos involucrados.
Este antecedente cobra relevancia en el contexto actual, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, solicitara la suspensión de obras ferroviarias y auditorías técnicas externas tras el accidente de descarrilamiento del tren en Oaxaca. Aunque las grabaciones dadas a conocer de 2024 hacían referencia originalmente al Tren Maya, Moreno sostuvo que los esquemas de contratación y ejecución fueron similares en otros proyectos ferroviarios del mismo periodo, entre ellos los desarrollados en el Istmo de Tehuantepec.
Desde esta óptica, el señalamiento no se centra únicamente en un hecho aislado, sino en un patrón de ejecución de infraestructura donde las advertencias técnicas existieron, pero no fueron atendidas de fondo por los gobiernos de Morena. La ASF, incluso, identificó que estas prácticas impactan negativamente en la planeación estratégica y en los controles internos del Estado, dos elementos clave para garantizar la seguridad de obras públicas de alto riesgo.
Mientras el Gobierno federal defiende que las vías contaban con certificados técnicos de seguridad al momento del accidente y descartó debatir las declaraciones del dirigente priista, el antecedente de la auditoría federal emerge como constancia de que las alertas formales sobre deficiencias en la planeación fueron emitidas años antes, sin que se corrigieran de manera estructural.
Tras ser cuestionada el 30 de diciembre de 2025 por un reportero de El Universal, la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, descalificó a la auditoria de la ASF al justificar: "se requieren expertos".
En tanto, como denunció LatinUS, la investigación del siniestro continúa a cargo de la "fiscal carnal" Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, mientras el debate sobre si las omisiones técnicas documentadas por los órganos de fiscalización debieron haber encendido alertas más tempranas para evitar riesgos en la operación ferroviaria.