Foto: @SecWar
Estados Unidos ejecutó nueve ataques armados en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, dejando un saldo de al menos 37 personas muertas. Las acciones, ordenadas por el presidente Donald Trump, fueron dirigidas contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Sin presentar pruebas públicas, la Casa Blanca afirma enfrentar un "conflicto armado" con los cárteles.
Funcionarios estadounidenses difundieron que los operativos comenzaron el 2 de septiembre frente a Venezuela. Desde entonces, el número de embarcaciones destruidas se incrementó y los ataques alcanzaron aguas del Pacífico oriental. A pesar de las declaraciones oficiales, no existe evidencia difundida sobre el contenido ilícito de las lanchas ni sobre la identidad de sus tripulantes.
Grupos de derechos humanos y autoridades de la región exigen esclarecer los hechos. "Los ataques de EE. UU. contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico constituyen ejecuciones extrajudiciales. Sean o no narcotraficantes, no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza. Estos hechos deben ser juzgados y sancionados", afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Las embarcaciones atacadas navegaban cerca de las costas de Venezuela, Colombia y otras zonas del Caribe. Según Washington, las personas fallecidas eran miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua o grupos vinculados al narcotráfico. No obstante, varios gobiernos han señalado que entre los muertos había pescadores y civiles sin relación con actividades ilegales.
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro acusó a la Casa Blanca de intentar forzar un cambio de gobierno. Por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro denunció un intento de interferencia política en su país. "La magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mí mismo ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz antinarcotraficantes, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante", declaró Petro mediante su cuenta oficial.
Trump afirmó mediante publicaciones en redes sociales que las embarcaciones "estaban cargadas con suficiente droga para matar de 25 a 50 mil personas". En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó un despliegue militar en la región, incluyendo destructores, submarinos y aeronaves desde bases en Puerto Rico.
El 2 de octubre, la administración estadounidense emitió un memorando clasificando a los cárteles como combatientes ilegales. Con este documento, Trump argumenta que puede utilizar fuerza letal sin necesidad de capturas, procesos judiciales o avales legislativos. Hasta el momento, el Congreso no emitió una declaración de guerra ni autorizó formalmente las acciones militares.
Organismos internacionales no se han pronunciado oficialmente sobre los ataques, pero sectores del Senado estadounidense manifestaron dudas. Una sesión informativa reservada no contó con representantes de inteligencia ni del comando militar regional.
A medida que continúan las operaciones, persisten las interrogantes sobre la legalidad de la estrategia y su impacto en las relaciones con los gobiernos sudamericanos. La administración de Estados Unidos no presentó imágenes, reportes forenses ni registros judiciales sobre los fallecidos o la carga incautada.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
