Foto: Wiki Commons
Este 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) celebrará el ciclo electoral 2020-2021, el más grande en la historia de México, pues se renovará la cámara de diputados por entero, y se disputarán 20 mil 292 cargos locales. No obstante, altos funcionarios de la administración actual y contendientes a la elección se han visto envueltos en controversias que han llegado a instancias legales. Ante esto, NotiPress brinda un panorama de algunos de estos casos como preámbulo a los próximo comicios.
Comenzando con un caso reciente, Animal Político reveló en una investigación publicada el 4 de marzo de 2021 presuntos nexos entre Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y la secta NXIVM. De acuerdo con este medio, Delgado realizó depósitos de 50 dólares mensuales durante 6 meses en 2016 a la Sociedad de Protectores. Ello, mientras se desempeñaba como Secretario de Finanzas y posteriormente de Educación en la Ciudad de México.
Dicha sociedad funcionó como organización alterna a Executive Succes Program, el brazo mexicano de NXIVM dirigido originalmente por Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Fue señalado por la Corte Federal de Estados Unidos como complice de las actividades ilícitas de Keith Raniere, fundador de NXIVM. Mismo que fue condenado a prisión el pasado octubre 2020 por delitos de delincuencia organizada y trata sexual.
Asimismo, otro político del partido Morena bajo escrutinio por parte de la sociedad civil es el ahora candidato oficial a la gobernatura del Estado de Guerrero, Felix Salgado Macedonio. Este senador con licencia ha sido señalado por 5 mujeres por violación y abuso sexual y existe una carpeta de investigación vigente en su contra en la Fiscalía General del Estado. No obstante, debido al vencimiento del plazo para registrar un candidato ante Instituto Electoral el 1 de marzo de 2021, la candidatura del Salgado Macedonio se oficializó ante la falta de sustituto.
El pasado 23 de febrero 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN). De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este funcionario estaría presuntamente implicado en la triangulación de 42 millones de pesos con una empresa fantasma. También fue señalado durante el año 2020 por operar con recursos provenientes del narcotráfico, mismas que están siendo investigadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Un caso que ha llevado un largo proceso es el de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (2012-2015), Rosario Robles, acusada de participar en la llamada "Estafa Maestra". En agosto de 2019, la FGR presentó dos acusaciones de ejercicio ilegal del servicio público con agravantes. Delitos por los cuales originalmente se le solicitó al juez una pena de 21 años de prisión y la reparación del daño por 5 mil 73 millones de pesos. El pasado 3 de marzo solicitó una vez más a la Fiscalía una resolución anticipada a su caso, en la que ofrece declararse culpable a cambio de una sentencia reducida.
La respuesta del gobierno en el poder en México ante algunos de estos casos de acusaciones en contra de funcionarios ha sido mixta hasta el momento. Principalmente, el de la candidatura de Salgado Macedonio, por la cual el partido Morena ha enfrentado una fuertes críticas por parte de la sociedad civil y del interior del mismo partido. Al igual que Salgado, Cabeza de Vaca niega de forma insistente su culpabilidad ante los delitos que se les imputa. Por otra parte, queda poco claro si procedería alguna denuncia formal en contra de Mario Delgado por su participación en la secta NXIVM.
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