Foto: X @Leny_False
A través de un comunicado, la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) denunció que el reglamento destinado a guiar las acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, se dio a conocer con 9 meses de retraso. Además, explican, el proceso de creación de un nuevo censo de personas desaparecidas ya estaba en marcha antes de que los lineamientos fueron publicados. Ante esto, madres buscadoras en Sonora ven este censo con desconfianza y sin esperanza.
Cabe recordar, fue hasta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos intervino, cuando se desarrollaron dichos lineamientos. A su vez, la organización señala, pese al acuerdo de estatutos a seguir, el Gobierno de México publicó los resultados del nuevo censo, 14 días antes de dar a conocer el reglamento sobre el cual se regiría el estudio. En el informe publicado, se observa una disminución drástica en el número de casos de desaparición de México, al pasar de 110 mil a 12 mil casos confirmados, según lo reportado por ONEA.
Ante ello, mencionan, "el proceder de las autoridades federales ha suscitado críticas de parte de expertos, quienes consideran la operación del nuevo censo de desaparecidos es discrecional". Dicha declaración se sustenta en el hecho de que los resultados del censo fueron presentados sin contar con lineamientos operacionales para realizar una evaluación adecuada del ejercicio. Cabe resaltar, ONEA destaca, organizaciones civiles han documentado por lo menos 200 casos comprobados de personas desaparecidas que fueron eliminados del nuevo censo nacional.
Dados estos hechos, organizaciones de madres buscadoras a nivel nacional han declarado no considerar que el censo nacional de personas desaparecidas sea benéfico. Así, organizaciones como Amnistía Internacional señalaron anteriormente que de no coordinar la Estrategia Nacional de Búsqueda con organizaciones y colectivos, esta suscitaría serias dudas respecto al censo. Además, consideran, la falta de coordinación y consideración de estos grupos en la estrategia vulnera sus derechos a la verdad, búsqueda, recepción y difusión de información.
Cecilia Delgado, representante del colectivo Buscadoras por la Paz en Sonora, realizó algunas declaraciones al respecto para medios locales. Así, mencionó, "el censo o las visitas están bien, porque nos vamos a enterar, hay muchas familias que piden que no se publique sobre la aparición de su familiar, por miedo o temor a que se lo lleven". De este modo, la vocera señala, las cifras oficiales pueden no reflejar la realidad, pues en muchos casos las personas no interponen denuncias. Esto tomando en cuenta, que la mayor parte de desapariciones forzadas son ejecutadas por integrantes del crimen organizado.
"No somos cifras, no nos interesa un censo, lo que queremos es, las autoridades salgan y se muevan para buscarlos, el censo no nos importa a ningún colectivo, pero es preocupante la diferencia entre sus cifras y la nuestra". Bajo esta premisa, Nora Lira Muñoz, líder de Rastreadoras Ciudad Obregón de Sonora, crítica las medidas del Gobierno para realizar el censo. A su vez, detalló en su reunión con Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se acordó las cifras presentadas por colectivos serán tomadas en cuenta. "Nosotros pedimos, cuando se expongan números, expongan los correctos, vamos a ver que arroja la comisión y ver si hablan con la verdad", aseguró.
De este modo se observa, aunque las madres buscadoras son conscientes del beneficio que podría tener el censo, consideran hay diversos factores que imposibilitan su correcto funcionamiento. Tales como la falta de confianza hacia las autoridades, la falta de coordinación entre el Gobierno y los colectivos y la falta de transparencia para realizar el censo.
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