Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
En la mañanera del 16 de febrero, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), proporcionó una actualización sobre el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México. Las implicaciones financieras son significativas: el gobierno está reclamando 634 millones de dólares debido a 30 contratos ilícitos vinculados a un conglomerado empresarial llamado Grupo Weinberg.
Aunque Florida no será el escenario para juzgar la legalidad de estos contratos, se analizarán bajo la jurisdicción mexicana. La clave aquí es que, a través del dinero extraído en México, se generaron otros contratos en Estados Unidos. Estos pagos se llevaron a cabo mediante la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Oficina de Asuntos de Derechos Humanos y Política Social (OADPRS), además de la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la Policía Federal.
Anteriormente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el gobierno exigía 700 millones de dólares, una cifra mayor a los 634 millones mencionados en la actualización de la UIF.
Hasta el momento, se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna y los supuestos cómplices. Gómez menciona la recuperación de 2 millones de dólares a través de una resolución judicial. Desde 2018 hasta la fecha, la UIF ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva en 205 casos.
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