Foto: Gobierno de México
El Gobierno de México reportó la detención de 2 mil 539 personas y el decomiso de mil 737 millones de litros de combustible como parte de los operativos contra el huachicol y otros ilícitos relacionados con hidrocarburos. Las acciones también permitieron incautar 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques.
Los resultados corresponden a operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, según las cifras presentadas por las autoridades federales durante la exposición de su estrategia interinstitucional contra el comercio ilícito de combustibles.
Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía aseguró en la conferencia matutina del 21 de octubre de 2026 que la estrategia combina acciones de seguridad con revisiones fiscales, controles aduaneros y procedimientos administrativos. En materia de importaciones, la Agencia Nacional de Aduanas de México reportó un incremento de 10.54% en los volúmenes de combustible declarados, que pasaron de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros.
Las revisiones de cargamentos también permitieron rectificar declaraciones de importación correspondientes a mil 952 millones de litros de combustible que, de acuerdo con las autoridades, pretendían ingresar irregularmente al país. El volumen representa un equivalente de 13 mil 664 millones de pesos en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y fue identificado mediante actuaciones en 14 aduanas.
Como parte de estas medidas, las autoridades aduaneras impusieron 500 multas por declaraciones erróneas, tardías o inexactas e iniciaron procedimientos administrativos y legales contra ocho agentes aduanales.
En el ámbito fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la cancelación de 2 mil 224 empresas por vender combustible sin contar con los permisos correspondientes. También impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por incumplimientos relacionados con la presentación de controles volumétricos.
Adicionalmente, 180 empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores por contrabando, mientras que otras 175 fueron catalogadas como factureras, con los avisos correspondientes a las autoridades competentes.
Las acciones de fiscalización estuvieron acompañadas por un incremento en los volúmenes de combustible facturados y declarados legalmente. Según los datos presentados, estos registros aumentaron 4.4% entre 2024 y 2025, y 13.4% entre 2025 y 2026.
En las declaraciones del IEPS, las autoridades informaron incrementos de 7.2% entre 2024 y 2025 y de 11.8% para 2026. Durante la exposición se mencionaron montos de 44 mil 411 millones y 48 mil 411 millones de pesos asociados con estos resultados fiscales.
El combate al huachicol también derivó en la presentación de denuncias y casos ante la Fiscalía General de la República. El SAT reportó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 127 casos por defraudación fiscal.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía presentó 150 casos penales relacionados con inconsistencias en los volúmenes despachados por estaciones de servicio. Pemex informó sobre 10 mil 674 denuncias por robo de combustible, mientras que la Agencia Nacional de Aduanas presentó otros 11 casos por contrabando y declaraciones falsas de volúmenes importados.
La Comisión Nacional de Energía también reportó la cancelación de 264 permisos de expendio y comercialización, además de otros 307 permisos sujetos a procedimientos de sanción y revocación.
Para reforzar la supervisión del transporte, las autoridades informaron sobre el registro y seguimiento de 61 mil 557 unidades mediante códigos QR y sistemas GPS, herramientas destinadas a facilitar las revisiones carreteras y el rastreo de los movimientos de combustible.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el seguimiento de las operaciones permite cruzar información sobre importaciones, comercialización, transporte y venta final. Cuando se identifican irregularidades, las instituciones competentes pueden iniciar inspecciones, procedimientos administrativos y denuncias penales, según corresponda.
El esquema de vigilancia incluye además el intercambio de información aduanera con autoridades de Estados Unidos para contrastar los volúmenes de combustible declarados al salir de ese país con los registrados al ingresar a México. Esta coordinación forma parte de las medidas con las que el gobierno busca prevenir nuevas operaciones de contrabando y fortalecer el control fiscal del mercado de hidrocarburos.
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