Foto: Gobierno de México
El 72% de los desbalances detectados en la compraventa de combustibles en México durante 2025 se concentró en el segmento de comercialización, de acuerdo con los resultados presentados por el Gobierno federal en la conferencia matutina del 21 de octubre de 2026. Las inconsistencias identificadas en toda la cadena alcanzaron 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos anuales, informó Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía.
La identificación de estas diferencias fue posible mediante el intercambio de información entre 16 instituciones gubernamentales y la integración de registros fiscales, aduaneros y regulatorios. El análisis permitió comparar los volúmenes de combustible adquiridos y vendidos por empresas que participan en las distintas etapas del mercado.
Las comercializadoras de combustibles funcionan como intermediarias entre importadores y otros participantes de la cadena de suministro. Pueden comprar y vender combustible sin contar necesariamente con infraestructura de transporte o almacenamiento. Además, un mismo producto puede pasar por varias operaciones de comercialización antes de llegar a distribuidores o estaciones de servicio.
Esta estructura concentra la mayor proporción de las inconsistencias identificadas. El segmento de expendio, correspondiente a las estaciones de servicio, acumuló otro 13% de los desbalances registrados durante 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las investigaciones actuales se concentran especialmente en las empresas comercializadoras. También planteó la posibilidad de modificar la legislación para disminuir su participación o acotar las actividades que pueden realizar.
El objetivo de esa revisión sería reducir los espacios donde se presentan irregularidades en la compraventa de combustibles. Entre las alternativas mencionadas figura simplificar las operaciones entre importadores y empresas encargadas del transporte, aunque no se anunció una propuesta legislativa definitiva.
Las autoridades identificaron distintas prácticas mediante el cruce de información, entre ellas empresas que facturan ventas sin disponer de los permisos correspondientes y otras que declaran haber comercializado más combustible del adquirido legalmente.
El sistema también permite detectar diferencias entre los volúmenes físicos y las operaciones fiscales declaradas. Estas inconsistencias pueden estar relacionadas con contrabando de combustible o facturación irregular, por lo que su identificación sirve de base para investigaciones y procedimientos administrativos, fiscales y penales.
A partir de los registros correspondientes a 2025, el gobierno estableció un seguimiento permanente de las operaciones del sector durante 2026. Las instituciones participantes pueden identificar irregularidades y requerir información a las empresas involucradas.
El monitoreo abarca desde la importación hasta el expendio final e incorpora información de transporte, almacenamiento y distribución. Con ello, las autoridades buscan rastrear el origen declarado del combustible y contrastarlo con los volúmenes registrados en cada operación.
La posible modificación de las reglas aplicables a las comercializadoras constituye una de las medidas que el gobierno mantiene bajo evaluación, mientras continúa la revisión de permisos y operaciones vinculadas con los desbalances detectados.
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