Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y diversas organizaciones criminales, con el objetivo de que se investiguen posibles responsabilidades penales individuales relacionadas con presuntos pactos entre autoridades y grupos delictivos durante el periodo 2018-2024. El partido sostiene que estos hechos habrían contribuido a la expansión territorial y operativa del crimen organizado en México.
De acuerdo con el documento difundido por el PAN el 7 de junio de 2026, la denuncia plantea la posible comisión de delitos de lesa humanidad. Entre los elementos citados se encuentran más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de comunidades y regiones bajo influencia de organizaciones criminales.
La acusación argumenta que la situación de inseguridad registrada en el país durante ese periodo no respondería a hechos aislados, sino a una presunta colaboración sistemática entre estructuras del Estado y grupos criminales. Según Acción Nacional, distintos gobiernos emanados del partido político Morena habrían permitido el fortalecimiento de organizaciones delictivas mediante una política de tolerancia o inacción frente a su expansión.
En ese contexto, el PAN sostiene que entre 2018 y 2024 se aplicó una política de cesión de soberanía frente al crimen organizado. La denuncia menciona entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán entre los casos señalados. Asimismo, atribuye a la estrategia de seguridad conocida como "abrazos, no balazos" el crecimiento del poder territorial, económico y político de los cárteles.
La presentación ante la CPI también incluye referencias a señalamientos e investigaciones públicas sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales. El partido menciona los nombres de los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal dentro de los argumentos expuestos en el documento entregado al tribunal internacional.
Asimismo, la entidad de oposición justificó su decisión de acudir a la Corte Penal Internacional al considerar que las instituciones nacionales enfrentan limitaciones para garantizar investigaciones independientes sobre estos hechos. El partido afirmó que continuará impulsando acciones legales relacionadas con la violencia y la inseguridad registradas en el país.
Así, la denuncia presentada ante la CPI constituye una solicitud para que el organismo evalúe los elementos expuestos y determine si existen fundamentos suficientes para abrir una investigación sobre los hechos señalados por la fuerza política opositora.
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