Alian Gear Holster (WikiCommons: CC BY-SA 4.0) (foto sin cambios)
El 4 de agosto 2021, Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores de México, informó en su cuenta de Twitter que presentó una demanda interpuesta en contra de 11 fabricantes de armas en Estados Unidos. Los fabricantes acusados son: Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s, Manufacturing, Glock, Inc, Glock Ges, Sturm Roger & Co, Witmer Public Safety Group y Interstate Arms. La demanda es tipo civil y fue presentada ante el juzgado de la ciudad de Boston, Massachusetts.
La querella fue interpuesta por negligencia de las compañías, por facilitar el tráfico ilícito y por detonar la violencia en México. Lo que México pide estrictamente a los fabricantes es compensar al Gobierno mexicano por los daños causados. Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reveló, los daños por las armas traficadas equivalen al 1.7 por ciento y 2 por ciento del PIB mexicano. En este sentido, México pedirá a las empresas señaladas al menos 10 mil millones de dólares.
Asimismo, la querella estipula que las compañías involucradas incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluidos seguros para evitar que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. De igual manera, incluye que las firmas se hagan cargo de estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 70 por ciento de las armas traficadas en México provienen de Estados Unidos.
Igualmente, Ebrard señaló, los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México. Aseveró: "las empresas saben esto, argumentan que cuando sus productos salen a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto tienen la información precisa de quién compra armamento pesado". Ante la demanda, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) respondieron que el gobierno mexicano es el responsable del crimen organizado en México.
Por su parte, Lawrence Keane, vicepresidente senior de NSSF externó: "Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense. Y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles".
Finalmente, el tráfico de armas en México podría ser causado por las empresas fabricantes de Estados Unidos, sin embargo, el tema del crimen organizado sí es responsabilidad del Gobierno Mexicano. Por consiguiente, aunque este trate de imponer demandas debe igualmente controlar internamente el tráfico de drogas en el territorio mexicano.
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