Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: X @rochamoya_
El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya acudió hoy, 26 de mayo, ante la Fiscalía General de la República para declarar después de la acusación de narcotráfico presentada por Estados Unidos. El procedimiento mantiene bajo revisión a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados en el mismo expediente.
Rocha Moya informó en su cuenta de X que asistió a la sede de la FGR. Ahí fue entrevistado por un agente del Ministerio Público, casi un mes después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York imputara al funcionario.
En su mensaje, el morenista expresó disposición para atender los requerimientos de la autoridad. "Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", señaló.
Fuente: X/Rocha Moya
La comparecencia ocurrió tres días después de que la FGR informara la citación de Rocha y de otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Todos fueron convocados para rendir declaraciones como testigos dentro del caso.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas. La dependencia los señaló de estar vinculados al narcotráfico y de presuntamente tener una alianza con Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán.
Rocha Moya insistió en su inocencia. "Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca", agregó en su mensaje.
Los demás señalados también rechazaron las acusaciones. Uno de ellos, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado, quedó detenido este mes en Estados Unidos. Su audiencia judicial está prevista para el 1 de junio en Nueva York.
El senador Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, informó el sábado 23 de mayo en X que también fue citado. El legislador indicó que acudirá a dar su declaración ante las autoridades correspondientes.
Fuente: X/Rocha Moya
Las autoridades estadounidenses solicitaron a México la detención provisional de los acusados con fines de extradición. Sin embargo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió que no había pruebas suficientes para justificar esa medida y señaló que la FGR se encargará de investigar los señalamientos.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía actuará si encuentra evidencias sobre lo expuesto por Estados Unidos. También afirmó que, en ausencia de pruebas, habría elementos para considerar motivaciones políticas en la acusación.
"Que quede muy claro, nosotros no vamos, bajo ninguna circunstancia, a cubrir a nadie, ¿pero por qué están interesados tanto en México? Bueno, que atiendan allá primero, ¿qué tienen que atender? (...) la drogadicción y la entrada de armas a México desde Estados Unidos", indicó Sheinbaum.
El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo de gobernador. El argumento presentado fue facilitar las investigaciones y permitir el esclarecimiento del caso. "Lo hago desde mi profunda convicción republicana con la confianza de que las instituciones del Estado mexicano cumplirán su función constitucional en relación con los hechos en los que se me concierne y que son de dominio público", compartió en ese momento. El Congreso de Sinaloa concedió el permiso al día siguiente.
Rubén Rocha Moya llegó al gobierno estatal tras ganar las elecciones locales de 2021 postulado por Morena, y su mandato constitucional debe concluir en 2027. Sin embargo, las acusaciones ponen en duda su continuidad al mando del estado.
La imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Los cargos contra Rocha Moya incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de otra acusación por conspiración. Si fuera declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión o cadena perpetua.