Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Gobierno de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta de Donald Trump para reactivar las detenciones de tránsito utilizadas por autoridades migratorias de Estados Unidos. La mandataria sostuvo que las autoridades deben perseguir a quienes hayan cometido delitos, pero no utilizar la condición migratoria como motivo para detener personas.
Durante su conferencia del 16 de julio de 2026, Sheinbaum expresó: "No estamos de acuerdo; si hay alguna persona que ya cometió algún delito, pues debe ser perseguida, pero la migración no debe perseguirse". La postura del Gobierno de México sigue siendo contra la criminalización de los migrantes y las redadas basadas únicamente en su situación administrativa.
La respuesta ocurrió después de que Trump exigiera al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, mantener o reanudar las paradas de vehículos vinculadas con operativos migratorios. El presidente estadounidense presentó estos controles como una herramienta para localizar y detener a personas sin autorización migratoria o con antecedentes penales.
La discusión se produjo tras una suspensión temporal de la mayoría de estos controles, ordenada después de dos operativos mortales registrados en Maine y Texas. Los hechos involucraron a un ciudadano colombiano y al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, cuyas muertes generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
Un día antes de la respuesta de Sheinbaum, la presidenta había considerado favorable que el ICE dejara de realizar este tipo de operativos. Ante una pregunta directa sobre la suspensión de las redadas, respondió que cualquier medida orientada a proteger los derechos humanos era positiva.
El Gobierno mexicano también inició gestiones legales por la muerte de ciudadanos mexicanos durante redadas o mientras permanecían bajo custodia migratoria. Las acciones contemplan procedimientos ante autoridades estadounidenses y demandas contra empresas privadas responsables de administrar centros de detención.
De acuerdo con información difundida sobre los casos, al menos 17 mexicanos murieron bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios. La Secretaría de Relaciones Exteriores trasladó parte de la información a la Fiscalía General de la República y solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.
Trump defendió públicamente las paradas de tránsito y rechazó retirar esa facultad a los agentes migratorios. Su planteamiento contradijo la suspensión adoptada por la agencia después de los incidentes mortales y mantuvo abierta la discusión sobre los criterios empleados para detener vehículos durante acciones migratorias.
La posición expresada por Sheinbaum distingue entre la persecución de delitos y la aplicación de medidas contra personas por su condición migratoria. Mientras el Gobierno estadounidense mantiene las detenciones vehiculares como parte de sus operativos, México continúa las gestiones diplomáticas y legales relacionadas con las muertes de connacionales.