Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Gobierno de Argentina
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina. Considerado el más sangriento de su historia, este régimen implicó la suspensión de las instituciones democráticas y el inicio de una represión sistemática que afectó a miles de personas. Bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, el gobierno de facto se extendió desde 1976 hasta 1983.
Las Fuerzas Armadas tomaron el control mediante un golpe liderado por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea), quienes derrocaron a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Este hecho no fue aislado: se trató del sexto golpe de Estado en Argentina desde 1930.
Durante el régimen, se clausuró el Congreso Nacional, se prohibieron los partidos políticos y se intervino el sistema educativo, sindical y judicial. Según organismos de derechos humanos, alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas por el Estado. Muchas de ellas fueron detenidas en centros clandestinos como la ESMA, sometidas a tortura o asesinadas sin registro legal.
Los llamados "vuelos de la muerte", en los que personas vivas eran arrojadas al mar desde aeronaves militares, se convirtieron en un símbolo del accionar represivo. A esto se sumaron secuestros, censura en los medios de comunicación, control en instituciones educativas y la apropiación de menores nacidos en cautiverio.
En el plano económico, la dictadura implementó un programa de apertura de mercados y desregulación, encabezado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Entre sus principales medidas se destacaron la apertura de importaciones, el recorte del gasto público y la desregulación financiera. Hubo una fuerte caída de la industria nacional, aumento del desempleo y un crecimiento acelerado de la deuda externa.
Con métodos represivos, el régimen atacó la organización sindical, la producción artística y el pensamiento crítico. Esta situación configuró un escenario de censura y vigilancia que modificó la vida cotidiana y la actividad cultural de toda una generación.
La derrota militar en la Guerra de Malvinas precipitó el fin de la dictadura. En octubre de 1983 se realizaron elecciones, y en diciembre de ese año asumió la presidencia Raúl Alfonsín. Su gobierno impulsó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y ordenó el histórico Juicio a las Juntas.
Tras un juicio histórico, el tribunal sentenció a cinco ex jefes militares en diciembre de 1985. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron sentenciados a reclusión perpetua y Roberto Viola recibió 17 años de prisión. En cambio, Armando Lambruschini recibió 8 años y Orlando Agosti, 4 años y medio mientras otros cuatro acusados resultaron absueltos.
En 2002, el Congreso argentino estableció por ley el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde entonces, esta fecha convoca a marchas, actos públicos y actividades educativas en todo el país. El epicentro sigue siendo la Plaza de Mayo, donde organismos como Madres y Abuelas continúan su labor para recuperar la identidad de los menores apropiados y preservar la memoria histórica.