Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo. Según Cancillería, el hecho constituye "una violación grave y flagrante de los derechos humanos". Gallo se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre, cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen chavista en Venezuela.
La denuncia señala al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien defendió públicamente la detención del gendarme, acusándolo de participar en "acciones conspirativas contra la paz republicana". En entrevista con Infobae, Saab insistió en que Gallo supuestamente encubría sus actividades bajo el pretexto de visitar a su pareja en Venezuela.
Desde el gobierno argentino, se subrayó que este caso forma parte de un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los cuales están bajo la jurisdicción de la CPI. La administración Milei reiteró su compromiso de emplear "todos los recursos legales y diplomáticos" disponibles para proteger los derechos de Gallo y garantizar justicia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, condenó enérgicamente la versión presentada por Saab y calificó a la administración de Nicolás Maduro como un "régimen putrefacto". En declaraciones a medios locales, Bullrich afirmó que las acusaciones contra Gallo son infundadas y que "los países libres no necesitan tomar rehenes".
Por su parte, las declaraciones de Saab también incluyeron comentarios antisemitas contra el canciller argentino Gerardo Werthein, lo que generó una amplia condena desde diferentes sectores. Según Werthein, las palabras de Saab demuestran "el carácter represivo y discriminatorio" del régimen venezolano.
La última imagen conocida de Nahuel Gallo en Venezuela muestra al gendarme en un aeropuerto días antes de su desaparición. Gallo había informado a las autoridades argentinas que su visita al país sudamericano era de carácter personal, cumpliendo con los procedimientos oficiales de Gendarmería.
El caso de Gallo se ha convertido en una prioridad para la política exterior argentina, marcando un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas entre ambos países.
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