Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
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La amenaza de un fallo por desacato en Estados Unidos volvió a poner a Argentina en el centro de una disputa judicial internacional. En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital solicitó a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato por no entregar comunicaciones digitales requeridas durante el proceso. La figura del desacato plantea un escenario con posibles sanciones económicas y restricciones legales con efectos más allá del caso puntual.
Esta solicitud fue presentada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita la causa que condenó en primera instancia a Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares por la forma en que se estatizó YPF en 2012. Si bien la sentencia fue apelada, Burford Capital —principal beneficiario del fallo— impulsa medidas para ejecutar la condena. Entre ellas, el pedido de sanciones por supuesta omisión en la entrega de pruebas.
Según el expediente, Burford considera que Argentina incumplió una orden judicial al no presentar mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. Estas comunicaciones fueron solicitadas como parte del proceso de discovery, una etapa clave del sistema judicial estadounidense en la que cada parte debe entregar información relevante al caso. Para los demandantes, la falta de entrega justificaría declarar al país en desacato.
El desacato civil en Estados Unidos implica que una parte desobedeció de forma deliberada una orden judicial. Si la jueza Preska accede al pedido, podría imponer multas diarias, ordenar embargos o presumir que las pruebas no entregadas serían perjudiciales para la parte incumplidora. Estas sanciones no solo tendrían efecto económico, también podrían impactar la posición legal y diplomática de Argentina en otros foros.
Desde la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la defensa del Estado, se rechazó el pedido. Remarcaron que el país cumplió con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino. Asimismo, se argumentó que las comunicaciones solicitadas son personales y no están bajo control del Estado, por lo cual no corresponde su entrega.
La figura del desacato fue utilizada en casos internacionales para presionar a países que enfrentan litigios complejos en tribunales extranjeros. Si bien no equivale a una condena penal, sus efectos pueden ser relevantes en términos de reputación, acceso a mercados e inmunidad soberana. En este caso, una declaración de desacato podría ser usada como argumento para nuevas acciones legales o embargos de activos en el exterior.
El tribunal fijó un cronograma para resolver la solicitud por lo tanto Argentina presentará su respuesta formal el 19 de febrero, mientras que la contrarréplica está prevista para el 5 de marzo. Recién después, la jueza Preska decidirá si el desacato es procedente pero mientras tanto, la apelación por la sentencia principal sigue en curso y continúa siendo el eje central de la estrategia legal del país.