Foto: Alan Cortés (NotiPress/Composición)
Como parte de la misma línea de desregulaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, se derogó las resoluciones promulgadas durante el gobierno de Alberto Fernández sobre el control de precios de los servicios de internet, telefonía móvil y cable. A través de la resolución 13/2024, se da de baja el decreto 690/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presentado por el gobierno anterior.
A pesar de que el decreto ya había sido derogado en abril de 2024 por medio del decreto 302/2024, la nueva resolución anula las normas que lo reglamentaban. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) promulgado por el gobierno de Alberto Fernández dictaminaba que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC eran servicios públicos esenciales y estratégicos.
En este sentido, el decreto decía que ENACOM debía regular los precios de las TIC. Además, se determinó la obligación de las autoridades de reglamentar la prestación básica universal obligatoria de los licenciatarios, la cual debía ser brindada en condiciones de igualdad, por lo tanto, limitaba cualquier aumento de precio de los servicios. Parte del decreto de 2020 decía que "los licenciatarios de los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
La legislación surgió durante de la pandemia de covid-19 como una forma de asegurar el acceso a las TIC. Sin embargo, surgieron varias resoluciones judiciales por parte de los prestadores, las cuales limitaban la norma. En consecuencia, el decreto tuvo escaso efecto, a pesar de que, con la nueva resolución se les permite a los servicios determinar el precio que consideren conveniente, las compañías nunca dejaron de actualizar sus precios por medio de medidas cautelares.
Asimismo, la nueva resolución cita al decreto 302/2024, el cual dice que "los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente". Además, afirma que el DNU autorizado por el gobierno anterior "establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados".
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