Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Las autoridades argentinas frenaron una oferta por 100 mil dólares tras recuperar más de 200 documentos históricos. Entre las piezas había cartas vinculadas a José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y otros protagonistas del siglo XIX. El material quedó incorporado a una causa por presunto tráfico ilícito de bienes culturales.
Una casa de remates de Rodríguez Peña al 1700, en Buenos Aires, fue intervenida por la Policía Federal Argentina por la oferta del lote. La investigación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutada por la Dirección General de Cooperación Internacional de la fuerza policial.
Qué contenía el lote recuperado
El conjunto incautado incluía cartas, documentos, libros, fotografías y recortes periodísticos vinculados con instituciones nacionales y provinciales. Los investigadores detectaron la oferta durante tareas de monitoreo en plataformas de compraventa y sitios de subastas en línea. La publicación presentaba el lote como material histórico y fijaba un valor inicial de 100 mil dólares.
Las piezas fueron atribuidas a José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid. San Martín fue un general clave en las guerras de independencia de Argentina, Chile y Perú. Su figura ocupa un lugar central en la emancipación sudamericana frente al dominio colonial español.
Policia Federal de Argentina
Rosas gobernó Buenos Aires durante el siglo XIX y concentró poder político en una etapa de conflictos internos argentinos. Pueyrredón ejerció como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante el proceso independentista. Alvear y Lamadrid fueron militares y dirigentes políticos relacionados con guerras internas y disputas institucionales del siglo XIX.
Por esas firmas y referencias históricas, el material recuperado adquirió mayor valor patrimonial. También abrió una línea de investigación sobre la procedencia de documentos que podrían pertenecer al acervo documental argentino. En este tipo de casos, la autenticidad y el origen de cada pieza deben establecerse mediante pericias especializadas.
Cómo avanzó la causa judicial
La tipografía, los sellos y las fechas de emisión permitieron identificar una posible infracción a la Ley 15.930. Esa norma regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación, organismo encargado de conservar documentos de valor histórico. Su aplicación permite al Estado intervenir cuando detecta bienes documentales cuya venta puede afectar el patrimonio público.
Con las pruebas reunidas, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo. La Secretaría N°7, encabezada por Diego Fernando Arce, también participó en las medidas judiciales dispuestas. La orden incluyó una presentación con allanamiento en subsidio y el traslado del material a una dependencia policial.
Los documentos quedaron bajo depósito judicial y a disposición exclusiva de la Justicia mientras avanzan las pericias. Los análisis deberán establecer autenticidad, origen, estado de conservación y eventual pertenencia al patrimonio histórico documental del país.
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