Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) permanece como una de las mayores causas judiciales pendientes relacionadas con el terrorismo en América Latina. Ninguna persona recibió una condena firme por planificar o ejecutar el ataque, mientras los principales acusados continúan prófugos de la Justicia argentina.
Al cumplirse 32 años de la explosión, Argentina recordará este sábado 18 de julio de 2026 el atentado a la AMIA. La bomba destruyó la sede de la mutual judía a las 9:53 del 18 de julio de 1994.
El ataque causó 85 muertes, dejó más de 300 heridos y dañó viviendas, comercios y edificios ubicados alrededor de la calle Pasteur. Por su número de víctimas, continúa siendo el atentado terrorista más letal registrado en la historia de Argentina.
La investigación estableció que una camioneta Renault Trafic cargada con explosivos fue utilizada para destruir el edificio de siete plantas. Los tribunales argentinos atribuyeron la planificación a funcionarios iraníes y señalaron a integrantes de Hezbolá como responsables de ejecutar la operación.
Gobierno de Argentina
Acusaciones contra funcionarios iraníes y miembros de Hezbolá
Entre los acusados aparecen Alí Fallahian, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. La lista también incluye a los ciudadanos libaneses Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Según la acusación fiscal, funcionarios iraníes seleccionaron el objetivo y autorizaron el ataque mediante organismos vinculados con la conducción política y militar del país. Integrantes de Hezbolá habrían organizado después la logística, el financiamiento y los movimientos del grupo encargado de concretar la explosión.
Interpol aprobó en noviembre de 2007 seis notificaciones rojas solicitadas por Argentina para localizar a varios sospechosos relacionados con el atentado. Estas alertas piden a las policías del mundo localizar y detener provisionalmente a una persona mientras avanza un procedimiento de extradición.
Ninguno de los acusados internacionales fue extraditado ni permanece detenido en Argentina por la autoría intelectual o material del ataque. Irán rechazó las acusaciones formuladas por la Justicia argentina y no entregó a los funcionarios reclamados por los tribunales.
Carlos Telleldín fue detenido nueve días después del atentado por su relación con la camioneta utilizada durante la operación. El comerciante enfrentó dos juicios por supuestamente aportar el vehículo, pero resultó absuelto y recuperó su libertad.
La causa avanza hacia un juicio en ausencia
Desde sus primeras etapas, la investigación acumuló pruebas manipuladas, pagos ilegales, detenciones irregulares y maniobras destinadas a desviar líneas judiciales. Esos hechos originaron procesos separados por encubrimiento, con acusaciones contra jueces, fiscales, policías, funcionarios y antiguos integrantes de los servicios de inteligencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por incumplimientos relacionados con la prevención, investigación y esclarecimiento del atentado. La sentencia, dictada el 26 de enero de 2024, también reconoció vulneraciones sufridas por las víctimas y sus familiares.
El fiscal federal Sebastián Basso solicitó aplicar el juicio en ausencia contra diez acusados que nunca comparecieron ante los tribunales argentinos. El procedimiento fue incorporado mediante la Ley 27.784 para determinados delitos graves cometidos por personas prófugas.
La defensa pública cuestionó la constitucionalidad de esa modalidad, mientras distintas instancias judiciales comenzaron a revisar los planteamientos presentados. Hasta la actualidad, los acusados permanecen fuera del alcance de los tribunales y ninguna condena resolvió la autoría del atentado.
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