Foto: X @PatoBullrich
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno argentino, debutó el 20 de diciembre con la implementación del protocolo antipiquetes, una medida tendiente a asegurar la libre circulación sin causar perjuicios en las manifestaciones.
Este protocolo, reemplazó al denominado garantista Nilda Garré, adoptado por el gobierno de Cristina Fernández en 2010 en un contexto de piqueteros de izquierda. La ministra informó el resultado en una notable reducción del número de manifestantes, facilitando así la libre circulación en áreas clave del país. Bullrich destacó el cambio táctico en las protestas, subrayando la ausencia de niños, y advirtió sobre posibles consecuencias legales para quienes incumplieran la ley durante la manifestación.
Bullrich dijo durante el anuncio del polémico protocolo de seguridad, las autoridades anteriores fueron "pasivas" frente al "desorden en la vía pública". Hacen falta nuevas "instrucciones para las fuerzas policiales y de seguridad federales". En cambio, Garré decía, "la protesta social es una consecuencia de procesos políticos, económicos y culturales que fueron desmantelando las redes de contención y de bienestar". Ante esto, abogaba por garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades. Si bien son épocas diferentes, Bullrich no contradijo al protocolo anterior pero si enfatizó, debe garantizarse la libre circulación.
Piqueteros opositores al gobierno llegaron a Plaza de Mayo sin lograr llenar el lugar ni cortar los accesos a la ciudad. El Presidente supervisó el megaoperativo junto a Bullrich. "Las cosas han cambiado, se acabaron los punteros dueños de los planes", advirtió tras la marcha la ministra Bullrich. Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, había anunciado el fin del negocio de la pobreza en Argentina durante la conferencia de prensa del 19 de diciembre.
Asimismo, este enfoque representa un cambio significativo en la política de seguridad en Argentina, reflejando un esfuerzo por mantener el orden público sin restringir completamente el derecho a la protesta. La implementación del protocolo generó diversas reacciones entre la población y los grupos políticos, poniendo de manifiesto la compleja dinámica entre la libertad de expresión y la seguridad pública.
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