Cuál es la línea que separa vida privada e información relevante, según el Gobierno

El decreto 780/24 que delimita el alcance del concepto de "información pública" causó polémica entre los comunicadores por un potencial carácter restrictivo al acceso a la información oficial. La finalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es, de acuerdo con el vocero presidencial, Manuel Adorni, "se trata de que el acceso a la información pública sirva nada más para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado Nacional, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios".

Varios organismos que nuclean a periodistas de diferentes medios son escépticos con respecto al nuevo decreto por su falta de claridad en cuanto a cuál es la línea que separa la vida privada de los funcionarios y la información que puede ser de interés público. En el artículo 3 del DNU se explica que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido". Por lo tanto, cada organismo podrá definir qué datos se entienden como "de naturaleza privada".

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada del 10 de septiembre de 2024, el vocero presidencial aseguro que el Gobierno es defensor de la información pública. Además, agregó: "Somos defensores de que todos ustedes efectivamente tengan acceso a la información que atañe al desempeño del funcionario en diferentes actos, a lo que respecta por supuesto al uso de los recursos públicos y eso no va a tener absolutamente ninguna limitación".

Uno de los principales pretextos del Gobierno al aplicar este decreto fueron los pedidos con respecto a las mascotas del presidente Javier Milei. Sin embargo, Adorni resaltó que la única limitación que se aplica a la herramienta es el "abuso" de la misma. "La información pública no va a tener ningún tipo de limitación de absolutamente ninguna índole porque no es nuestro espíritu", aseguró el vocero.

La finalidad del acceso, reafirmó Adorni, es solicitar a los funcionarios información sobre la gestión y el uso de fondos públicos. En este sentido, el funcionario remarcó: "Detrás de la respuesta de si mi perro es feliz o no, tenés un montón de gente avocada a permanentemente recibir, analizar y contestar ese tipo de cuestiones. O sea que, además te metés en un gasto adicional que no tiene absolutamente ningún sentido".

Por lo tanto, el Gobierno rechaza la posibilidad de dar marcha atrás con el decreto que limita, lo que considera el Gobierno, la cantidad de solicitudes innecesarias que aumentaron exponencialmente desde que Javier Milei llegó al Gobierno. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, en 2023 se realizaron 94 solicitudes de información pública, mientras que la cifra llegó a 67 solo en el primer semestre de 2024.