Foto: x@Tomascc04
El 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, un tren de la línea Sarmiento no logró frenar al ingresar a la estación Once, en la ciudad de Buenos Aires, y se estrelló contra los paragolpes de contención. La formación transportaba aproximadamente a 1.500 personas. El impacto comprimió los primeros coches y dejó 52 víctimas fatales, entre ellas una mujer embarazada y tres menores mientras que otras 789 personas resultaron heridas.
Dicho siniestro, considerado el más grave del sistema ferroviario argentino en tiempos recientes, provocó una reacción inmediata en la sociedad y el Estado. Durante las primeras horas, más de 100 ambulancias, bomberos y helicópteros trabajaron en las tareas de rescate. La víctima número 52, Lucas Menghini Rey, fue hallada sin vida horas después del anuncio oficial, atrapada entre los restos del tren.
Luego del accidente, el entonces Ministerio de Planificación Federal ordenó la intervención de la concesión de Trenes de Buenos Aires (TBA), operadora de las líneas Sarmiento y Mitre. Tres meses después, el contrato fue rescindido y ambas líneas pasaron a manos de la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento. En 2013, el Estado nacional asignó la operación a la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), marcando el regreso del control estatal en la red ferroviaria.
En el ámbito judicial, el caso derivó en dos juicios orales. El primero comenzó en 2014, con 28 acusados por "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo". El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó a 21 personas, entre ellas el maquinista Marcos Córdoba y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En 2017 inició un segundo juicio, en el que fue procesado el exministro de Planificación Julio De Vido.
De Vido fue condenado el 10 de octubre de 2018 por "administración fraudulenta" a cinco años y ocho meses de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó su detención, luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia. El fallo estableció que el exministro fue partícipe necesario del delito por no controlar el uso de los fondos asignados a TBA.
En paralelo, el Estado impulsó una renovación profunda de infraestructura ferroviaria. Entre las medidas destacadas figuran la modernización de las vías entre Once y Moreno, la instalación de sistemas de información al usuario, la mejora de pasos a nivel y la reconstrucción total de estaciones clave como Villa Luro. Además, se adquirieron 225 trenes eléctricos para la línea Sarmiento y 180 para la línea Mitre, marcando la primera compra de trenes cero kilómetro desde la década de 1980.
Desde 2012, el caso Once se mantiene como símbolo de reforma y memoria en el transporte público nacional. Las reformas estructurales, las condenas judiciales y la memoria de las víctimas continúan marcando la historia reciente del país y su sistema ferroviario.
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