Foto: X @CFKArgentina
El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), denunció penalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica. La acusación se centra en el cobro indebido de bonificaciones por "Zona Austral" en sus asignaciones previsionales, a pesar de que su residencia no se encontraba en las áreas geográficas habilitadas para recibir dicho beneficio.
La denuncia fue presentada por la ANSES y será sorteada próximamente para determinar el juzgado que intervendrá en el caso. En el escrito, se sostiene que Fernández de Kirchner "insertó o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas" para percibir el adicional de zona austral en dos beneficios: la pensión vitalicia por viudez del expresidente Néstor Kirchner y la asignación mensual vitalicia que le corresponde como exmandataria.
Según el documento publicado por Infobae, la expresidenta percibió estas bonificaciones mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual contravendría los requisitos legales para acceder al beneficio, destinado exclusivamente a quienes viven en provincias del sur del país. Durante ese período, Fernández de Kirchner se desempeñó como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y vicepresidenta de la Nación (2019-2023).
Anteriormente, en noviembre de 2024, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, anunció la revocación de la asignación mensual vitalicia y de la pensión cobrada por Fernández de Kirchner. En ese contexto, señaló que el Gobierno consideraba que la expresidenta había perdido el derecho a recibir estos beneficios tras su condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito.
"La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que otorga la ley a los expresidentes, pero que no tiene carácter contributivo", explicó De los Heros.
Asimismo, reveló que en ese mismo mes la exmandataria cobró $35.255.297, incluyendo un suplemento de zona austral de $6.354.523. "Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo y 21 jubilaciones máximas", detalló el funcionario.
Pruebas y pedido de medidas judiciales
En este sentido, la denuncia, firmada por el director de la Oficina de Integridad de la ANSES, Ignacio Javier Uresandi, y el coordinador de Asuntos Penales, Maximiliano Raúl Rima, incluye pruebas documentales y registros del sistema informático de la ANSES que cuantifican el perjuicio fiscal causado por la percepción de estas bonificaciones. Además, el organismo solicitó una serie de medidas probatorias, entre ellas:
- Oficios al Senado de la Nación para verificar la asistencia de Fernández de Kirchner durante su mandato como senadora.
- Información del Banco Central sobre sus movimientos de cuenta.
- Pericias contables para determinar el monto exacto del perjuicio económico.
- Análisis del Ente Nacional de Comunicaciones para identificar la radicación de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por la expresidenta.
ANSES también requirió a la Justicia determinar si Néstor Kirchner percibió este mismo beneficio. En caso afirmativo, solicitó que se precise el monto total abonado y las condiciones en las que fue otorgado.
De acuerdo con el Gobierno, el hecho es un "acto de corrupción" en los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas ratificadas por Argentina. El expediente ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si efectivamente existió una maniobra fraudulenta en el cobro de estas bonificaciones y, en caso de confirmarse, qué sanciones podrían corresponder a la expresidenta.
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