Foto: Vocería Presidencial
Luego de que el gobierno de Javier Milei asumiera en diciembre de 2023, las obras sociales han estado en la mira después de no solo aumentar excesivamente su precio, sino también presentar varias irregularidades. Frente a esta situación, la nueva administración intentó calmar a los beneficiarios dentro de una política de no intervención. Finalmente, el Gobierno decidió avanzar sobre los prestadores de salud por vía legal.
Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada del día 19 de agosto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comentó que el Ministerio de Salud, mediante la superintendencia de servicios de salud, actualizó los procedimientos de multas a obras sociales y prepagas las cuales "hacían oídos sordos a los reclamos de sus afiliados". En 2023, Adorni aseguró que se realizaron 25 mil reclamos y, "solo 6 mil terminaron con un expediente iniciado". Aunque asegura que esos expedientes se terminaron "cajoneando".
El vocero señaló que de esos 25 mil expedientes y 6 mil expedientes, no se realizó ninguna multa. Para 2024, se han multado 25 obras sociales y prepagas que han sido sancionadas con montos actualizados. "Con el objetivo de recuperar el verdadero rol fiscalizador, este año se han intervenido cuatro obras sociales", aseguró el vocero.
Las prestadoras intervenidas fueron: la obra social de trabajadores rurales y estibadores de la República Argentina (OSPRERA), del personal de la industria del fósforo (OSPIF), del personal ladrillero (OSPL) y del personal de la industria ladrillera a máquina (OSPILM). Adorni señaló que esas cuatro obras sociales fueron intervenidas por presentar irregularidades y agregó que "recibían subsidios millonarios del Estado, o sea, de todos nosotros".
Por otro lado, declaró que había 60 obras sociales que no prestaban servicio. Para graficar la magnitud de la situación señaló la situación de OSPRERA. El anterior administrador provisorio designado de esta obra social solicitó una ayuda financiera de 3 mil 350 millones de pesos. Sin embargo, el déficit de la obra social pasó de 26 mil 979 millones de pesos a casi 44 mil millones. "En el ínterin, el administrador se había aumentado el sueldo y cobraba 11 millones 397 mil pesos por mes", contó Adorni.
En este sentido, el vocero indicó que el Gobierno anterior aprobó la rendición de cuentas el 7 de diciembre de 2023, tres días antes de que Javier Milei asumiera la presidencia. Para concluir, el vocero cerró diciendo que "la Argentina de la vivada se ha terminado".
Bajo los primeros siete meses, el gobierno ha aplicado multas a 25 obras sociales, en su mayoría sindicales. A partir de estas multas se ha recaudado un total de $170.218.087, luego de aumentar las multas a más de 20 millones de pesos.
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