Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La muerte de un anestesista argentino de 31 años en su departamento del barrio de Palermo abrió una investigación judicial por el presunto robo y uso indebido de medicamentos hospitalarios. El caso involucra sustancias como propofol y fentanilo, halladas en el lugar, y apunta a una posible red entre profesionales de la salud.
El hecho ocurrió el 20 de febrero de 2026 en Buenos Aires, cuando personal de emergencias encontró al médico, identificado como A.Z., con una vía conectada al pie derecho y materiales descartables para inyecciones. También se detectaron fármacos que no están disponibles para uso particular ni se comercializan en farmacias. El profesional trabajaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente del Hospital Rivadavia.
A partir del hallazgo, la investigación permitió rastrear el origen de los medicamentos hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires. En esa institución, las autoridades identificaron a un anestesista de planta y a una residente de tercer año como presuntos responsables del desvío de los fármacos. Ambos fueron imputados, y la justicia ordenó allanamientos y restricciones de contacto.
Documentos judiciales citados en la causa señalan que el uso de estas sustancias se realizaba en condiciones ajenas a la práctica médica. Según la denuncia, los anestésicos eran consumidos "fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial".
La investigación también incorpora elementos no formalizados en el expediente, como audios atribuidos a personal de salud. En esos registros se mencionan reuniones denominadas Propofest, en las que anestesistas y residentes utilizaban fármacos sustraídos de hospitales con fines recreativos. De acuerdo con estos relatos, los medicamentos se administraban mediante bombas de infusión y existía una persona encargada de asistir a quienes presentaban apnea.
Entre los principales señalados en la causa se encuentran Hernán Boveri, anestesista de planta del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, residente de tercer año. Los hechos investigados se habrían desarrollado desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026. Ambos ya fueron indagados por la justicia, mientras Boveri habría renunciado tras detectarse el origen de los fármacos y Lanusse permanece con licencia médica.
El caso se mantuvo sin difusión pública durante varias semanas. Versiones iniciales apuntaron a un posible encubrimiento por parte de entidades vinculadas a la anestesiología, lo cual fue rechazado mediante comunicados de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación.
Tras la difusión mediática del caso, el Hospital Italiano informó que "se tomaron todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir hechos similares en el futuro". La institución también indicó que inició acciones judiciales internas y confirmó que los implicados ya no desempeñan funciones en el centro médico.
La causa judicial continúa en curso y se centra en determinar la responsabilidad penal por el desvío de medicamentos y su uso fuera del ámbito clínico. Los elementos reunidos hasta el momento incluyen peritajes, registros hospitalarios y testimonios, mientras se analizan posibles responsabilidades adicionales dentro del sistema de salud.
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