Foto: Martín Olivera
El Gobierno argentino prepara un proyecto de ley para tipificar nuevos delitos y aumentar las penas en casos vinculados a robos, delitos migratorios y fraudes financieros. La iniciativa busca avanzar con medidas consideradas urgentes antes de la reforma del Código Penal. A abril de 2026, la administración nacional definió presentar un paquete reducido de modificaciones que será enviado al Congreso durante el trimestre. Esto antecede a una reforma más amplia que aún se encuentra en revisión dentro del Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques.
Dicho proyecto incorpora un criterio de interpretación "pro-víctima", el cual "obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba", según los impulsores de la iniciativa. Además, precisan: "la participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria".
Entre los cambios más relevantes, se incluyen nuevas figuras penales para delitos migratorios. La propuesta contempla sanciones de uno a veinte años de prisión para conductas como el ingreso irregular de extranjeros, el fraude migratorio y el tráfico ilegal de personas, con agravantes en casos de violencia o engaño.
También se incorporan medidas contra delitos económicos, como las estafas piramidales, con penas de tres a doce años de prisión. Se establecen agravantes cuando las víctimas pierden total o parcialmente el dinero invertido, lo que amplía el alcance de la legislación vigente en materia financiera.
Respecto a los delitos contra la propiedad, el proyecto tipifica por primera vez la modalidad denominada "viuda negra" como robo agravado, con penas de hasta doce años. Asimismo, se suman figuras específicas para "salideras" y "entraderas", con sanciones de tres a doce años, y para "motochorros", con penas de dos a ocho años e inhabilitación para conducir.
Ante el ámbito penitenciario, la iniciativa establece un delito específico por la tenencia de armas dentro de cárceles, con penas de dos a seis años. También prevé sanciones para funcionarios que faciliten el ingreso de estos elementos, ampliando el catálogo de conductas punibles en centros de detención.
Este proyecto incluye además un endurecimiento de penas en casos de picadas callejeras, con sanciones de hasta seis años, y hasta ocho años si se produce un homicidio. En materia de protección animal, se incorporan nuevas disposiciones al Código Penal con penas de hasta tres años por maltrato o crueldad.
La protección de menores forma parte del paquete, con penas de hasta quince años para delitos como grooming, abuso sexual infantil y producción de material sexual de menores. También se sanciona la tenencia y distribución de este tipo de contenidos con penas diferenciadas según la gravedad del caso.
Finalmente, el proyecto contempla sanciones por incumplimiento de deberes familiares, con penas de hasta seis años en casos de evasión de obligaciones como el pago de alimentos. La iniciativa será presentada como una etapa previa a la reforma integral del Código Penal que continúa en desarrollo.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
